La Central de Trabajadores de la Argentina bonaerense (CTA), junto con la APDH, realizó la solicitud de penas para los responsables de las desapariciones, vejaciones y sustracciones también de chicos ocurridos en el marco del juicio de “La Cacha” (correspondiente al período 1977-1978). Los letrados de la Central, Gabriela Gómez y Marcelo Ponce Núñez, solicitaron, además, el juzgamiento del circuito “Cementerio-Morgue-médicos-personal del Registro de las Personas”.

Ante el tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, presidido por los magistrados Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus, los querellantes reclamaron las penas para Claudio Raúl Grande de 15 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua; Raúl Ricardo Espinoza de 15 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua; Anselmo Pedro Palavezzati de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua;Jorge Héctor Di Pasquale de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua; Carlos María Romero Pavón de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua; Gustavo Adolfo Cacivio de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua; Carlos del Señor Hidalgo Garzón de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua; Emilio Alberto Herrero Anzorena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua; Ricardo Armando Fernández de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua; Roberto Armando Balmaceda de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua; Miguel Ángel Amigo de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua; Héctor Raúl Acuña de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua; Isaac Crespín Miranda de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua; Juan Carlos Herzberg de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua; Jaime Lamont Smart de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua; Miguel Osvaldo Etchecolatz de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua; Eduardo Gargano de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua; Horacio Elizardo Luján de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua; y Julio César Garachico de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.

Es preciso destacar que la causa de “La Cacha” reúne el juzgamiento de civiles, entre ellos el ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura Jaime Smart (período 1976-1979), integrantes del Servicio Penitenciario bonaerense, de Policía Federal, de la Marina, del Ejército (sector de inteligencia), y agentes de la Policía de la provincia de Buenos Aires. La investigación involucra alrededor de 127 víctimas y la sustracción y ocultamiento de niños.