Pero en medio de la satisfacción alcanzada, algunos advertíamos sobre la posibilidad de un estancamiento intencionado del proceso, y en ese sentido propiciábamos la necesidad de una pronta reglamentación y una plena implementación.
Nuestras reservas tenían que ver con el análisis de la línea histórica que el “kirchnerismo” le otorgó a la gestión de políticas públicas de Salud, que entre otros “signos” lo tuvo a Ginés González García y su consuetudinario apego a los mandatos de los Bancos y Organismos Multinacionales , al actual Ministro Juan Luis Manzur, experto en tergiversar estadísticas para ocultar los niveles vergonzosos de mortalidad infantil, al plan REMEDIAR siempre vinculado a la “compra” y nunca a la “producción”, al debilitamiento presupuestario de fondos específicos, al “eterno” convenio sobrefacturador del PAMI con la industria farmacéutica, a la desregulación absoluta del precio de los medicamentos, etc.
Lamentablemente no nos equivocamos y desoyendo a nuestros reclamos y los de muchos sectores populares la ley de producción pública de medicamentos sigue sin ser reglamentada y por tanto sin ser ejecutada.
En este marco el recientemente presentado y profusamente publicitado proyecto de ley de la creación de una Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) propiciado por legisladores del mismo gobierno que no ha tomado la decisión ni de reglamentar la ley en estos 3 años, ni de generar una política de fortalecimiento del sistema público de Salud desfinanciado, fragmentado, y obsoleto suena a burla al pueblo argentino.
Aún más, después de 10 años de gobierno, y en medio de un proceso de crisis de representación y credibilidad pública, este proyecto se parece MUCHO a un posicionamiento retórico (uno más) hacia un escenario post kirchnerista en el que creen que podrán seguir engañando a un pueblo al que no respetan y subestiman.
Argentina cuenta con laboratorios y recursos humanos que están en condiciones de producir medicamentos, y los laboratorios públicos tienen un potencial productivo de fácil puesta en marcha o disponibilidad. Esta potencialidad de la red pública de medicamentos (de dependencia nacional, provincial o Municipal) debe y puede ser puesta inmediatamente a su máxima posibilidad de infraestructura, de personal y de funcionalidad operativa.
La Asociación Trabajadores del Estado como parte de un colectivo de organizaciones gremiales, sociales y académicas, seguirá propiciando la capacidad rectora, reguladora y financiadora del Estado respecto de las políticas de salud, el mejor acceso a los medicamentos de los sectores más desprotegidos, la intervención decidida sobre un mercado definidamente oligopólico y transnacional, y la recuperación para el Estado de un sector estratégico de producción, todo ello postergado decididamente en estos 10 años de gobierno.
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