Repudio a la utilización de los derechos del niño para limitar el derecho a huelga de docentes
El Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de la provincia de Buenos Aires apoya la lucha de los gremios docentes por garantizar el derecho a la educación, expresado en este caso principalmente en la disputa por mejores salarios y, a la vez, rechaza enérgicamente la judicialización del conflicto como una manera de buscar coartar derechos de los trabajadores para hacer sentir sus reclamos.
Garantizar el efectivo acceso al derecho a la educación es garantizar que las condiciones de los trabajadores de la educación sean dignas y eso incluye el salario y muchas otros aspectos, como la infraestructura y los recursos necesarios para desplegar la actividad docente. No se garantiza el derecho a la educación por el solo hecho que haya clases, es necesario que las escuelas funcionen en todas sus dimensiones como lo prevén las leyes de educación y de promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y eso es lo que expresa y reclama la lucha de los maestros.
Garantizar el derecho a la educación, por lo tanto, es una obligación indelegable que tiene el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, conducido por Daniel Scioli. Los reclamos no son repentinos ni abruptos: hace bastante tiempo que se reclamó una paritaria, y hace mucho más que se reclama por dotar a las escuelas de las condiciones para una educación de calidad.
La huelga como la herramienta válida que tiene el trabajador de la educación, busca garantizar condiciones dignas para educar. La legitimidad de la medida la da la propia clase trabajadora que acompaña masivamente los reclamos, como se vio en la última movilización a Gobernación.
Esta situación ha sido retratada en 1999 por la Observación General N° 13 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al que Argentina ha suscripto. Ese documento resalta que en muchos Estados las condiciones generales de trabajo de los docentes “han empeorado” y considera que eso “es un grave obstáculo para la plena realización del derecho de los alumnos a la educación”.
Esa misma observación internacional reitera la exigencia del Pacto de que los gobiernos mejoren “continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente”, rescata su organización gremial y les exige información sobre las medidas adoptadas “para velar por que todo el personal docente goce de unas condiciones y una situación acordes con su función”.
No es admisible que se utilicen los derechos del niño para limitar la justa huelga docente en defensa de la escuela pública, como pretendió el juez Contencioso Administrativo, Francisco Terrier, el mismo que permitió mediante resolución judicial reincorporar a los acusados de la desaparición de Luciano Arruga.
El Estado debe garantizar el acceso a la educación que no es lo mismo que meter los pibes en la escuela. Hay que inscribir la tarea educadora en la búsqueda de la transformación social, como una herramienta que promueva el desarrollo de los alumnos como sujeto de derechos, y además, su empoderamiento como sujeto político autónomo.
Hay un intento gubernamental de atacar la lucha docente por la escuela pública frente a la creciente privatización del servicio educativo. Se instala una falsa premisa sobre que las escuelas privadas sí funcionan, bajo la lógica de que allí sí hay clases. Esto es una forma de echar a andar una embestida privatizadora sobre la educación, invitando a la población a pensar que hay que pagar para tener acceso a la escuela, escondiendo un debate de fondo sobre los cambios necesarios del sistema educativo, y restringiendo derechos en lugar de extenderlos a todos los pibes y pibas de nuestro país. El sistema educativo es uno solo, y es el Estado el que debe garantizar su universalidad a partir de cumplir los pactos internacionales y las leyes nacionales y provinciales vigentes.
Por eso mismo, urge que el gobierno bonaerense destrabe este conflicto y dé muestras cabales de la importancia que representan los niños en su accionar que, en muchos casos, se ven tambiénperjudicados por la falta de pago a proveedores de comedores escolares, o con la falta de recursos hacia Hogares, Centros de Día y Unidades de Desarrollo Infantil.
A 10 años de la sanción del Sistema de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, anclado en la ley 13.298, el gobierno bonaerense no ha demostrado voluntad alguna en aplicarlo, y eso repercute en la calidad de muchos pibes, como ocurre en el ámbito educativo. Hacen falta medidas y acciones concretas y no declaraciones altisonantes.
– Por más recursos para la escuela pública
– Por educación de calidad en condiciones dignas para docentes y alumnos
– Por la aplicación integral de la ley 13.298
Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de la provincia de Buenos Aires – 10 años
