Desarrollo Social y Niñez, con deudas en la Provincia

A pesar que el Gobernador destacó su política en niñez hay situaciones de las que no habló. Al mediático paro docente, se le suma la deuda con proveedores de comedores escolares, la falta de aplicación de la ley de niñez y las deudas contraídas con Hogares, Centros de Día y Unidades de Desarrollo Infantil.

Ante la mirada atenta de la Asamblea Legislativa reunida para escucharlo, Daniel Scioli centró ayer su discurso en la seguridad, en los gendarmes que se quedarán, y, casi como al pasar, resaltó su política de infancia y recordó la frase de Eva Perón: “los únicos privilegiados son los niños”, en disonancia con las deudas que atraviesan su gestión.

Lo hizo en un momento crucial. En medio de un paro docente que deja en el inicio de clases a más de 4,7 millones de chicos sin clases, huelga a la que se suman, como otros estatales, los auxiliares de escuelas públicas. Aunque, de haber comenzado, la situación no hubiera sido la ideal para muchos comedores escolares.

La Asociación Bonaerense de Proveedores de Comedores Escolares anunció días atrás la posible suspensión del servicio por la deuda acumulada desde septiembre con el Ministerio provincial de Desarrollo Social. Héctor Acevedo, titular de la organización, confirmó a INFOCIELO que recién este jueves el gobierno informó el depósito de una parte de la deuda.

“Nos notificaron del depósito de 50 millones de pesos de septiembre, pero la deuda sólo de ese mes es de 114. Esperamos a que lo acrediten y mañana vamos a tener una reunión con todos los socios para ver qué se resuelve. Llegamos a una situación que no hubiéramos querido nunca”, apuntó.

En efecto, se trata de un servicio que de suspenderse puede afectar a 2,5 millones de niños en distintos distritos del interior de la provincia, y que hasta hoy no está resuelto pese a la manifiesta intención del gobernador de que los niños tengan clases. Hay casos paradigmáticos, como en Tandil, donde hasta se evaluó cerrar comedores porque los proveedores se negaban a concursar.

No es la única situación que ‘mancha’ el discurso del gobernador. La Obra del Padre Cajade, de reconocida trayectoria en la capital bonaerense, convoca junto a otras organizaciones a una movilización para el jueves que viene a las 15 en Plaza San Martín por, entre otros reclamos, el desfinanciamiento de sus emprendimientos.

El Ministerio de Desarrollo Social arrastra una deuda de cuatro meses de becas bimestrales con los niños que asisten a tres emprendimientos de la Obra: Casa de los Niños “Madre del Pueblo”, la Casa de los Bebés, y la Casa de los Niños “Chispita”, insertas en el programa de Unidades de Desarrollo Infantil que, además de afectar a los chicos en sí, también repercute en sus trabajadores.

Se trata de un reclamo olvidado por la gestión sciolista que desde fines de 2013 pregona tener una provincia “desendeudada” y que, ignora cada año al momento de actualizar gastos al ritmo de la inflación. “El monto de las becas se mantiene congelado desde hace 5 años y a eso se suma el atraso en los pagos; hace poco pagaron noviembre y diciembre, pero ya entró a correr marzo y abril; la situación no se regulariza”, dijo a este portal Daniel Cajade, presidente de la Obra.

Ese panorama no es ajeno a organizaciones que tienen convenio con la Secretaría Provincial de Niñez, también con un régimen de pago bimestral de becas: 50 pesos por chico por día en Hogares, y 25 pesos por día por chico, en Centros de Día. Son cifras actualizadas el último año pero que quedaron desajustadas con la inflación y las variables económicas.

“Con ese dinero debemos hacer frente a todos los gastos, como comida, vestimenta, gastos de escuela, atención médica, sueldos de trabajadores y de la propia institución. El argumento oficial de la Secretaría de Niñez para esto es que en realidad colabora con las instituciones”, contó Gustavo García de la Red de Hogares y Centros de días de la Provincia de Buenos Aires (RedBA).

Tanto García como Cajade levantan, además, las banderas que las organizaciones dedicadas a infancia enarbolaron durante gran parte de la gestión de Scioli: el cese de la violencia institucional y la plena aplicación de la ley 13.298 del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño y la 13.634 del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, ninguneadas por la falta estructural de fondos.

Equipos interdisciplinarios conformados por psicólogos, abogados, médicos y trabajadores sociales en los distritos, llamados Servicios Locales, se encuentran sin recursos y programas para hacer frente a su función: la protección y/o restitución de los derechos vulnerados de los pibes y sus familias, de acuerdo a las denuncias realizadas por distintas organizaciones, como por ejemplo el Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de la provincia de Buenos Aires.

“Este año se cumplen 10 años de la sanción de la ley 13.298 y mientras vemos que se avanzó en un discurso sobre la situación, no terminamos de entender como los problemas de los pibes no se resuelven y se sigue desfinanciando planes y programas”, analiza Rosario Hasperué, referente del Foro.

Esa situación se traduce en informes donde se da cuenta de los bajos salarios que perciben los trabajadores, gran parte con contratos temporarios, además de la falta de recursos para accionar ante casos concretos como trabajar en el territorio y articular con planes y programas.

A esto se suma la falta de creación de organismos esenciales del Sistema de Promoción y Protección de Derechos en los seis años que lleva Scioli al frente de la provincia, como el Defensor del Niño, o el Fondo de Proyectos Innovadores de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños.

Y, además, la falta de impulso a los Consejos Locales, la conformación de una red de organizaciones en cada distrito para discutir las políticas de niñez a nivel local. “Pedimos hace tiempo al gobernador que apoye políticamente la creación de los Consejos, ninguneados por los intendentes, pero al parecer su política va por el lado de concentrar todo en la seguridad”, agrega Hasperué.

En juicio

El gobierno bonaerense enfrenta dos causas judiciales promovidas por organizaciones sociales que trabajan con niños en situaciones de vulnerabilidad en las que se le achaca el atraso en las becas convenidas, así como la falta de compromiso en atender problemáticas vinculadas a la infancia.

“Ocuparnos de la niñez es el primer paso para construir un futuro de paz, desarrollo y prosperidad para todo nuestro pueblo”, afirmó Scioli frente a diputados y senadores bonaerenses mientras destacó su preocupación por los más pequeños.

Sin embargo, su gestión parece decir lo contrario. Obligado –junto al municipio platense– por sentencia judicial a cumplir con distintos requerimientos que pongan en marcha el Sistema de Promoción y Protección de Derechos, el gobierno bonaerense apeló dos cuestiones sensibles atinentes a los recursos.

Se opuso a realizar un sistema hospitalario público mental para atender a adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, que en la actualidad reciben tratamiento en clínicas tercerizadas, apuntadas hasta hace tiempo por la falta de cumplimiento de estándares mínimos de derechos humanos.

Y, además, rechazó destinar el 25% de los gastos destinados a publicidad para promover derechos de niños, niñas y adolescentes. Por ambos puntos, la gestión sciolista apeló ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que será quien dictamine al respecto.

A su vez, el Programa de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP –que interviene en la anterior causa–, patrocinó en septiembre del 2013 una demanda contra el Estado provincial en representación de 22 redes de Hogares, Centros de Día y Unidades de Desarrollo Infantil por el crónico atraso en el pago de las becas y la malintencionada desactualización de sus montos.

“El Estado bonaerense no cumple con lo que jurídicamente dicen las leyes. Si el interés superior del niño debe estar por encima de todo, no se comprende cómo estas organizaciones son las últimas en cobrar y con las que se elije contraer una deuda”, añade Carola Bianco, directora del programa de Niñez de la UNLP.

La situación parece ser parte de una política clara. En 2009 diputados integrantes del Observatorio Social Legislativo lograron incluir en el presupuesto provincial del año siguiente una partida de 100 millones de pesos para el fortalecimiento y la creación de Servicios Locales.

Esa partida, perteneciente al endeudamiento de más de 1000 millones que contrajo la Provincia entonces, figura en el artículo 88 del Presupuesto de 2010. Sin embargo, el gobierno no se encargó de reglamentarlo para determinar la distribución de los recursos y terminaron bajo el poder discrecional de girar partidas que tiene en sus manos el mandatario provincial.

Fuente: Infocielo