En la provincia de Buenos Aires se llevaron a cabo diversas acciones, entre ellas seis cortes de Accesos en CABA y La Plata, en Mar del Plata corte de la ruta 2, en La Plata, Ensenada, Berisso, Bahía Blanca, San Nicolás y Pergamino también se realizaron protestas. Con cortes de ruta, ollas populares y asambleas  de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, movimientos sociales y organizaciones del campo popular, para debatir cómo enfrentar el ajuste que golpea de lleno a las familias más humildes.

La medida se dio en el marco de la decisión del gobierno nacional de dar de baja el programa “Volver al Trabajo”, que alcanzaba a 950 mil trabajadoras y trabajadores, y que estipulaba un monto de dinero como contraprestación para personas de entre 18 y 49 años que realizan tareas esenciales en comedores, merenderos, centros de salud y espacios de primera infancia. Además tenía el objetivo de apuntalar unidades productivas de reciclado, agricultura familiar y producción textil. Esta decisión del gobierno nacional alcanza a cerca de 450 mil bonaerenses que serán afectados por la baja del programa.

La acción principal fue en el Puente Pueyrredón, desde donde el secretario General de la CTA-A bonaerense, Oscar de Isasi, indicó: “exigimos la devolución de los programas que han sido suspendidos, que implican 36 mil millones de pesos que llegaban a los compañeros y compañeras, que si bien eran insuficientes servían  para poder viajar y hacer una changa, para poder paliar la situación. Este recorte termina sumiendo en penurias mayores para quienes hoy no la están pasando bien, por eso exigimos la reinstalación del programa”.

Asimismo planteó “la necesidad de que se inviertan recursos en la Argentina, y en la provincia de Buenos Aires desde el gobierno nacional, porque la quita de esos 36 mil millones no solo perjudican a quienes lo recibían, sino también son caídas de ventas en los comercios. Por eso le decimos no al ajuste, el saqueo y la entrega del gobierno de Milei, y peleamos por un país con trabajo digno, soberanía y producción”.

Omar Giuliani, secretario General de la Federación Nacional Territorial (FeNaT-CTA) y secretario de Acción Social de la CTA, calificó la quita del ingreso de 78 mil pesos a casi un millón de beneficiarios, como un acto de “crueldad que ignora la realidad productiva de los sectores populares y busca desarticular la organización comunitaria”.

El dirigente subrayó además el impacto económico devastador que tendrá la medida, especialmente en la Provincia de Buenos Aires, donde a través de estos programas circulan mensualmente unos 35.000 millones de pesos que van directo al consumo básico: “Esa masa económica va a parar al kiosco, a comprar comida. Los gobernadores e intendentes deberían estar muy preocupados porque esto les va a tocar directamente”.

En relación a la propuesta oficial de reemplazar el ingreso por capacitaciones, Giuliani dijo: “Es una mentira más. Es irrisorio hablar de formación para ir al mercado laboral cuando el Gobierno destruye ese mercado a partir de la destrucción de la industria nacional. El problema no es una cuestión formativa: cerraron 22.000 pymes y se perdieron 400.000 puestos de trabajo privados. No hay dónde insertarse”.

En ese sentido Samanta Urquiza, referente de la FeNaT Berazategui, remarcó que “estamos acompañando a más de 900 mil compañeros que a partir de este mes pierden una de sus fuentes de ingreso a su casa, y de más está señalar la crítica situación que atraviesa el país. Tal vez parezca poco, pero con esos 78 mil pesos mucha gente cubre gastos de su casa. Y a este reclamo se le suma también todo lo que estamos padeciendo por parte del gobierno nacional en cuanto a quita de derechos, por eso la lucha no es solamente por nosotros, sino por todos los que vivimos y trabajamos en este país”.