Por: Secretaría de Relaciones Internacionales

La guerra desatada por Estados Unidos e Israel tras el ataque masivo contra la República Islámica de Irán ingresa en su segunda semana. Por fuera de toda legalidad internacional, la agresión militar no derivó en la caída del Estado iraní que sus impulsores esperaban. Por el contrario, la República Islámica de Irán respondió no solo con ataques contra territorio israelí, sino también contra objetivos militares estadounidenses ubicados en países como Qatar, Arabia Saudita, Bahréin, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, petromonarquías que históricamente han mantenido una estrecha alianza estratégica con Washington.

El asesinato del líder espiritual y político de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, no provocó el colapso institucional ni el vacío de poder que preveían Trump y Netanyahu. Por el contrario, la sucesión por parte de su hijo, Mojtaba Jamenei, consolidó la continuidad del liderazgo político-religioso y fue interpretada como un revés para Tel Aviv y Washington. La nueva conducción reafirmó que no habrá rendición y que el objetivo central sigue siendo la preservación del sistema político surgido de la Revolución Islámica de Irán de 1979, que derrocó a la dictadura monárquica del sha Mohammad Reza Pahlavi, régimen sostenido durante décadas por Estados Unidos.

Al mismo tiempo, las capacidades ofensivas iraníes han mostrado un alcance significativo, especialmente a través del uso de misiles balísticos de largo alcance y de su red de defensa estratégica. Esto ha abierto la posibilidad de que el conflicto se prolongue en el tiempo, un escenario que preocupa tanto a Israel como a Estados Unidos, cuyas expectativas iniciales apuntaban a una operación rápida que debilitara decisivamente al gobierno iraní y habilitara un cambio de régimen. El mismo Pentágono reconoció haber gastado 5.6 mil millones de dólares en municiones tan solo durante los dos primeros días del ataque,  generando alarma por la sustentabilidad económica y logística de una campaña prolongada.

La magnitud de la violencia expone el carácter genocida del eje Washington-Tel Aviv en su apuesta por remodelar el orden internacional. Como muestra de sus crímenes, basta el ataque del sábado 28 de febrero contra la escuela para niñas Shajare Tayebé, en la ciudad iraní de Minab, donde al menos 168 civiles, en su mayoría alumnas, fueron asesinadas. El bombardeo israelí y estadounidense contra la infraestructura civil tendrá un impacto ambiental y humanitario prolongado. Los ataques contra plantas desalinizadoras y refinerías en Teherán, una ciudad de 10 millones de habitantes, dejarán secuelas para la salud de su población iraní por años.

En el plano económico y geopolítico, Irán también respondió a la agresión mediante el cierre del estratégico Estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente el 20% del comercio mundial de petróleo. Como consecuencia, los precios internacionales del crudo registraron un aumento abrupto de más del 50% desde el ataque israelí-estadounidense del 28 de febrero, con el barril superando los 120 dólares. El tráfico marítimo hacia el Golfo Pérsico ha quedado prácticamente paralizado y solo continúan transitando buques previamente autorizados por las autoridades iraníes.

El contraataque iraní contra las capitales árabes expuso la incapacidad de Estados Unidos para garantizar su seguridad y la manera en la que prioriza la protección de los intereses israelíes por encima de sus otros aliados regionales. Ciudades como Dubái, Doha y Abu Dabi modelaron su status como epicentros financieros, metrópolis tecnológicas y centro de reunión de las élites globales sobre la premisa de ser santuarios de lujo que podrían subsistir al margen de las normas internacionales y de la violencia regional. Esa ilusión quedó rota y podrá tardar más tiempo en ser reparada que los mismos daños materiales.

En este contexto, y con escasa cobertura mediática internacional, durante la última semana se realizaron manifestaciones contra la guerra en diversas ciudades de Estados Unidos. Movilizaciones en más de cincuenta ciudades reclamaron que la administración de Donald Trump detenga la escalada militar. Las protestas también cuestionaron que el gobierno haya decidido involucrarse directamente en el conflicto sin la autorización del Congreso, tal como establece la Constitución estadounidense, y sin ofrecer explicaciones claras a la sociedad sobre por qué inició esta intervención ilegal. El derrame del conflicto en la estabilidad de los precios internacionales del combustible, el transporte, la energía y los alimentos, podría significarle a Trump un duro revés político en su propio país, en su momento de más baja popularidad y con el horizonte de elecciones de medio término que auguran una derrota significativa.

Desde el inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza, el 7 de octubre de 2023, Israel ha extendido operaciones militares contra diversos países y territorios de la región con el apoyo político y militar de Estados Unidos, generando muerte, destrucción y caos. Este respaldo irrestricto ha sido cuestionado por amplios sectores de la comunidad internacional por las violaciones sistemáticas al derecho internacional humanitario, incluidos ataques contra población civil, infraestructura educativa y objetivos no militares.

Hemos sido testigos de la destrucción casi total de Gaza y hoy, pese al alto al fuego que Tel Aviv, viola sistemáticamente, sigue asesinando. Más de 72.000 personas han sido asesinadas y el 80% son niños y mujeres. Un clamor mundial exige que ese genocidio no continué con otros de similar características por Medio Oriente u otras partes del mundo.

Desde la CTA Autónoma expresamos las posiciones críticas históricas frente a cualquier escalada bélica. Al respecto, el secretario de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, Adolfo Aguirre, señaló: “Así como denunciamos el genocidio, el apartheid, la colonización y la limpieza étnica que el Estado de Israel lleva adelante contra el pueblo palestino en Gaza y Cisjordania, tampoco podemos callar frente a la agresión militar de Estados Unidos e Israel contra Irán y Líbano. Se trata de acciones que violan el derecho internacional y que incluyen ataques y asesinatos contra población civil. Nuestro reclamo es claro: paz, respeto al derecho internacional y soberanía para los pueblos”.

Advertimos que la ampliación del conflicto en Medio Oriente puede tener consecuencias globales profundas, tanto en el plano humanitario como en el económico y energético. Por ello, insistimos en la necesidad de impulsar una salida diplomática que detenga la guerra, respete el derecho de los pueblos a la autodeterminación y promueva un orden internacional basado en la paz y la cooperación entre las naciones.