La querella de la CTA planteó que la clase trabajadora fue víctima directa del accionar militar, y pidió que se declare la figura de genocidio y se condene con cárcel efectiva a los 15 acusados. 

Recordemos que el el proceso legal investigó secuestros, tormentos y homicidios que sucedieron en los centros clandestinos que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería de la Policía bonaerense, que funcionaron en un mismo espacio en las grandes instalaciones ubicadas en la intersección de las calles 1 y 60 de la capital provincial y en las comisarías 8va y 2da de esa ciudad.

Luego de los alegatos sólo restará la etapa del veredicto y la sentencia del tribunal que juzga a los ex miembros de la Plana Mayor del Regimiento de Infantería 7 Rubén Vicente Sánchez, Enrique Armando Cicciari, Ismael Ramón Verón, Enrique Francisco Welsh y Alberto Jorge Crinigan, Lucas Marcelo Castro, los ex oficiales del Destacamento 101 de Inteligencia Carlos María Romero Pavón, Roberto Armando Balmaceda y Jorge Héctor Di Pasquale;  Tomás D’ Ottavio, Raúl Ricardo Monzón, Claudio Rubén Mejías, del Cuerpo de Infantería Motorizada de la Policía Bonaerense; Carlos Ernesto Castillo (alias «El Indio») integró el grupo de tareas parapolicial conocido como CNU,(Concentración Nacional Universitaria), y el civil Jaime Lamont Smart, quien fue ministro de Gobierno de la provincia durante la dictadura.

La delegación de la CTA estuvo encabezada por el secretario General a nivel nacional Hugo “Cachorro” Godoy, quién valoró que “se siguen llevando adelante los juicios de lesa humanidad contra los genocidas” y consideró que “es un logro del pueblo argentino que fue capaz de derogar y anular las leyes de Obediencia Debida que hubieran permitido la impunidad”. 

En línea con el planteo de la abogada representante de la CTA y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Josefina Rodrigo, Godoy indicó que “el 70% de los desaparecidos y desaparecidas fueron trabajadores, ya que constituían el blanco principal de la dictadura cívico militar, no sólo en la intención de destruir la organización sindical y social de los trabajadores que habían alcanzado un alto grado de protagonismo en la vida social, política y económica en los años 70’, sino también, que el objetivo de destruir la estructura industrial que había jugado un tan importante rol en le crecimiento de la clase trabajadora organizada en el país”.

En ese sentido, Godoy recalcó que “a 50 años de los crímenes, cuando el gobierno de Milei intenta reivindicar esa dictadura, negar la existencia de los 30 mil, y un Gobierno que hasta se está planteando la posibilidad del indulto, celebramos la continuidad de estos juicios. Por eso, es importante el respaldo y acompañamiento a quienes testifican haciendo esfuerzos de memoria para revivir momentos de tanta crueldad y angustia. Quienes están testificando se saben protagonistas de la historia, lo fueron en su momento y lo siguen siendo hoy. Por eso, desde la CTA en cada día de este 2026, vamos a estar reivindicando nuestra lucha por la memoria, la verdad y la justicia”.

A su turno, Rosario Hasperué, secretaria de Derechos Humanos de la CTA Autónoma bonaerense, explicó que “el enfoque de nuestros argumentos apuntar a pedir condenas por genocidio y cadena perpetua y cárcel efectiva para los criminales”. En ese marco, “la perspectiva de la querella de CTA y la APDH esgrimida para pedir las condenas, se basa en los testimonios que dan cuenta que entre las principales víctimas del accionar militar se encontraban los y las trabajadoras”. 

Seguido, Hasperué recordó el testimonio de una trabajadora y delegada gremial en una fábrica, que fue secuestrada en el propio lugar de trabajo, y en presencia de los directivos de la fábrica, por hacer reclamos que tenían que ver con mejoras salariales, condiciones de trabajo o pedido de guarderías para hijas e hijos de los trabajadoras y trabajadoras”.

“Además de sufrir torturas y violación, denuncia que una vez liberada sufrió permanentes amenazas, la negación de puestos de trabajo, destino común para quienes eran liberados después de permanecer secuestrados: integraban una suerte de nómina donde se les negaba la posibilidad de la fuente laboral”, continuó Hasperué. “Esto da cuenta de la intención de aleccionamiento y la perversidad del mecanismo que llevaron adelante para ejecutar este plan, atacar a los trabajadores organizados y luego aleccionarlos para generar temor en el resto de la sociedad”.

Por ello, “creemos que este tipo de testimonios dan cuenta de que fue un plan sistemático con una estrategia política y un objetivo económico de desmantelamiento de la industria nacional, con las consecuencias políticas y sociales que sufrimos al día de hoy”, concluyó.

Estuvieron presentes el secretario general de la Regional La Plata, Emiliano Hueravilo, integrantes de Juventudes, dirigentes y juntas internas de ATE y la CTA local y provincial.