La norma pretende bajar la edad de reproche penal a los 14 años de edad (hoy los pibes son sancionables desde los 16 años) y que todos los delitos puedan ser castigados con penas de prisión. Cabe señalar que actualmente no son sancionados delitos menores sin grave repercusión social que tienen una pena igual o menor a 2 años de prisión como el hurto, el daño, las lesiones leves.

Desde el Gobierno Nacional sostienen que el delito juvenil representa un número considerable que viene creciendo en los últimos años y que los adolescentes son usados por los adultos para cometer delitos. Sin embargo, las estadísticas demuestran que, por caso, en la provincia de Buenos Aires el delito juvenil representa sólo el 2% de todos los delitos (22.687 en el año 2.024), mientras que el 98% de los delitos es cometido por adultos (1.082.502 en 2024). El resto del país tiene cifras menores.

El Comité de los Derechos del Niño de la O.N.U. encomió a los países partes de la Convención sobre los Derechos del Niño que tienen una edad mínima de responsabilidad penal superior a los 14 años de edad a no bajar ese estándar. La baja de la edad de punibilidad de 16 a 14 años vulnera ese principio y expone a nuestro país a sanciones internacionales.

Señalamos además, que el proyecto con media sanción prevé la asignación de $23,000 millones para agrandar el sistema penal: ese dinero equivale al de financiamiento de las becas estudiantiles para la terminalidad educativa destinada a los adolescentes, 22 veces más que lo destinado al fortalecimiento de la infraestructura social del cuidado y sanitaria, el doble del ejecutado en todo el 2025 para el mejoramiento de la calidad educativa, y el doble del ejecutado fortalecimiento de inicio en jardines de infantes.

Además, la cifra representa 7 veces más que lo ejecutado en todo 2025 el plan nacional de primera infancia, lo mismo de lo ejecutado en acciones para la promoción y protección integral de los derechos de niños y niñas y adolescentes.

En ese sentido, adherimos a lo expresado por la Red Internacional por la Defensa de los Derechos de la Infancia y Adolescencia en Situación de Calle (RIDIAC), cuando sostiene que “bajar la edad de imputabilidad implica desconocer las condiciones de desigualdad que atraviesan a miles de adolescentes en América Latina y desplazar la responsabilidad del Estado hacia quienes han sido históricamente excluidos. La criminalización temprana no previene el delito: profundiza trayectorias de institucionalización, reproduce violencias y debilita los procesos de inclusión social”.

Por ello, ratificamos la necesidad de que el Estado adopte políticas públicas integrales que garanticen acceso efectivo a educación, salud, vivienda, protección social, acompañamiento familiar y comunitario, así como a sistemas de justicia juvenil especializados, orientados a la reintegración social. Y esperamos que las y los legisladores reflexionen al respecto y no permitan este gravísimo retroceso.