La CTA Autónoma Bonaerense y el Foro por los Derechos de la Niñez expresan su repudio a la decisión de la Cámara de Diputados de la Nación que en el día de ayer dio media sanción a la baja en la edad de punibilidad, cuando la evidencia en nuestro país y en el mundo, muestra que ampliar el rango de castigo fortalece los circuitos de exclusión, reincidencia y violencia institucional, más aún en un contexto social y económico en permanente decadencia.

Las estadísticas oficiales y los estudios criminológicos dan cuenta que en la Argentina  la participación de menores de 18 años de edad en delitos graves es absolutamente mínima y no existen pruebas de que endurecer el sistema penal reduzca la niveles de inseguridad. 
Además, la baja de la edad de punibilidad contradice los compromisos asumidos por la Argentina en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que la privación de libertad debe ser una medida excepcional y de último recurso.
Por otro lado, esta decisión de los diputados y diputadas que votaron a favor de la baja en la edad de punibilidad, obtura el verdadero debate que es sobre el de rol del Estado como garante de los derechos para niños, niñas y adolescentes entendidos estos como sujetos de derechos. 

La respuesta a las problemáticas sociales estructurales, entre ellas desigualdad creciente, trabajo infantil, deserción escolar, migración forzada de jóvenes por falta de oportunidades y economías regionales en situación crítica, no puede ser punitiva y requiere de políticas públicas. El Estado no puede priorizar el castigo por sobre la protección integral.

Como decía nuestro gran compañero, el cura Carlos Cajade “ Hay que cuidar a los pibes, no cuidarse de ellos”.