Este jueves 20 de noviembre, organizaciones populares, de derechos humanos y personalidades se concentraron a las puertas de los tribunales de Retiro para rechazar la posible excarcelación del represor Carlos «Indio» Castillo. La movilización se produjo en el marco de la audiencia en la que la Sala I de la Cámara de Casación Penal debe revisar la continuidad o el cese de su prisión preventiva, luego de un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

La decisión de la Sala I es crucial, ya que, de beneficiar a Castillo, este fallo podría sentar un precedente para otros represores que tampoco tienen sentencia firme. En conferencia de prensa, Carlos Zaidman, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), alertó sobre esta posibilidad: «El beneficio de la libertad al genocida Castillo puede extenderse a cerca del 80% de los asesinos de la Dictadura que hoy están tras las rejas o en detención domiciliaria». Además, indicó: «El único lugar para un genocida es la cárcel común».

Según denuncian los organismos de Derechos Humanos, Carlos “Indio” Castillo integró los grupos parapoliciales de la Dictadura «que asesinaron a más de 1700 compañeros en el país, y en La Plata, alrededor de 100, antes del golpe militar de 1976». Asimismo, recuerdan que «hoy se está desarrollando el juicio de la causa ‘1 y 60’ y ‘Comisaría 8’ (La Plata), donde este represor está imputado por casi 300 asesinatos». Señalan, además, que «en 2017 fue juzgado y sentenciado a prisión perpetua por cuatro asesinatos y tres secuestros en un juicio realizado en esta ciudad».

Por su parte, Josefina Rodrigo, abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), cuestionó la decisión de la Corte Suprema de permitir la revisión de la prisión preventiva de Castillo, «partícipe de delitos como la ‘Causa de 1 y 60’ de La Plata, que aún se está tramitando pero que está próxima a tener fallo, pero también de delitos cometidos durante la Democracia». La letrada insistió en el peligro que implica esta revisión.

«Para la CTA, como para los organismos de derechos humanos y las organizaciones populares, el único lugar posible para un genocida es la cárcel. Este reclamo lo venimos a expresar frente a los jueces y frente a toda la sociedad», expresó María José Cano, Directora de Derechos Humanos de la Central. La acompañaron en la delegación de la CTA Autónoma Rosario Hasperué, Secretaria de Derechos Humanos de CTA Buenos Aires, y Emiliano Huaravillo, Secretario General de la Regional La Plata de la CTA.

Fuente: ctaa.org.ar