La secretaría de Derechos Humanos de la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires repudia la resolución del gobierno nacional que dispone la transformación de la estructura administrativa encargada del control y la regulación de armamento en el país, por la que la Agencia Nacional de Materiales Controlados pasa a denominarse Registro Nacional de Armas (RENAR), que queda bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación, y por medio de la cual se informó la semana pasada que se habilita a usuarios civiles a usar y poseer armas semiautomáticas alimentadas con cargadores, como fusiles o subametralladoras de asalto derivadas de modelos militares.

Si bien se fijaron requisitos y controles para legítimos usuarios, habilitar la circulación de armas de guerra entre la población civil, en el marco de un clima de ascendente violencia social, es una decisión totalmente contraria al rol que debe tener el Estado, que es el de garantizar los derechos humanos,  para que justamente las personas no tengan la necesidad o el interés de armarse.

Por otra parte, en los países donde está habilitado el uso de este tipo de armas entre civiles, los índices de violencia continúan en aumento, como en los Estados Unidos donde la primera causa de muerte entre jóvenes y niños es por el uso de armas de fuego, y más de la mitad de esas muertes ocurren de manera no intencionadas dentro de sus propias casas.

Advertimos sobre los peligros que ocasiona esta decisión de un gobierno nacional que fomenta la violencia, los discursos de odio y la persecución política a opositores, y llamamos a construir mayores niveles de unidad, democracia y participación popular.