A través de un nuevo decreto, Javier Milei le proporciona herramientas represivas a Patricia Bullrich, y también, una magnífica oportunidad de negocios a empresarios extranjeros. Ya durante su gestión como ministra de Seguridad de Mauricio Macri, la CTA Autónoma bonaerense denunció que trabajadores del Astillero Río Santiago organizados en ATE, informaban sobre la compra de embarcaciones caras y obsoletas a Francia e Israel.

“El Gobierno, a través de la cartera de Seguridad de la ministra Patricia Bullrich, ha comprado cuatro lanchas a Israel que ha pagado US$ 50 millones, que en el país se podrían haber hecho por la mitad”, explicaba Diego Seimandi, trabajador del Astillero Río Santiago (ARS) y dirigente de ATE Ensenada, a Canal Abierto el 8 de octubre de 2018, al denunciar las razones del desmantelamiento de la emblemática empresa estatal. “Detrás de cada decisión del Gobierno que desprecia la industria naval hay intereses personales”, sostenía el dirigente.

En ese sentido, cabe recordar también que el diario Tiempo Argentino reseñaba que “Guillermo Yanco, el consorte de la ministra Bullrich, se encuentra ahora concentrado en intervenir en licitaciones y compras de tecnología y armamento para reequipar a las fuerzas de seguridad federales y provinciales. Un ejemplo fue la adquisición de un nuevo equipo de comunicaciones para la Policía Bonaerense que el ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, acordó comprarle a la multinacional Motorola por 51 millones de pesos con la intermediación de Yanco”.

 Así mismo, la ex ministra de Seguridad Sabina Frederic, denunció en Radio Provincia que durante la gestión de Macri “Bullrich hizo una compra millonaria en dólares para controlar 4 puntos fronterizos, entre los que estaba Aguas Blancas, un absurdo. Implicaba drones cautivos, aviones no tripulados que nunca pudimos poner en funcionamiento, equipamiento que no podía ser utilizado, y cámaras de seguridad”, dijo, y recordó que la malversación de fondos fue oportunamente denunciada por Frederic, sin respuesta por parte de la justicia.

Esta semana, con un presidente distinto, pero con la misma estructura de poder (Bullrich, Sturzenegger y Caputo) y el mismo plan económico pero a mayor velocidad por ser conscientes que el pueblo argentino se levantará masivamente en lucha, Milei firmó el decreto 383 que significa un gravísimo ataque a la libertad política y los derechos constitucionales ya que atribuye facultades a la Policía Federal que violan garantías constitucionales elementales. 

Entre los puntos más destacables, el decreto plantea:

Vigilancia masiva sin control judicial: la revisión arbitraria de redes sociales y la detención por publicaciones “sospechosas” atentan contra la privacidad (art.19 CN) y la libertad de expresión

Persecución en manifestaciones legítimas: las requisas sin orden judicial y detenciones discrecionales en protestas vulneran el derecho a reunión pacífica (art.14 CN) y abren la puerta a la represión política.

Discriminación racial y social: la detención por vestimenta o “rostro sospechoso” institucionaliza la discriminación y el abuso policial (art.16 y 18 CN).

Volvemos a insistir en que además de perseguir e infundir miedo con el objetivo de desmovilizar y paralizar la lucha popular, las herramientas para el espionaje y la represión persiguen también un interés económico que beneficia a empresarios extranjeros del rubro.

Sin embargo, tal como lo demuestra la historia  con las multitudinarias movilizaciones populares y la marcha del día de ayer contra la proscripción de Cristina Fernández, la unidad y masividad en la lucha más temprano que tarde terminan con la intención de saquear en el menor tiempo posible la mayor cantidad de riquezas generadas por los trabajadores y recursos soberanos, regalados al capital trasnacional.

En ese marco, desde la CTA Autónoma, recalcamos el repudio a este decreto que atropella libertades individuales y colectivas, y seguimos convocando a construir los mayores niveles de unidad para terminar con esta política de ajuste, saque y entrega, y poner de pie un programa construido desde la multisectorialidad, basado en la soberanía, el trabajo, la producción, la democracia participativa y la justicia social.