El atraso en los aranceles que se pagan a las prestatarias de servicios -como educación, transporte, rehabilitación, entre otros- fue la demanda central de una jornada que reunió a una multitud, entre personas con discapacidad, familiares, trabajadores y organizaciones del sector, quienes también reclamaron por la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El proyecto que ya cuenta con cuatro dictámenes en la Cámara de Diputados plantea una recomposición para al menos retrotraer los aranceles a los niveles de noviembre de 2023.

Respecto a la derogación de la resolución 187/2025 por parte de la ANDis, Nancy Alarcón, secretaria de Discapacidad de la CTA-A Bonaerense, indicó que "por mas que deroguen la resolución, no se soluciona nada".

En ese sentido aseguró que “lamentablemente otra vez más damos cuenta que estamos en manos de inescrupulosos que sacan y ponen directivas en un organismo público como lo es la ANDis, de dónde imparten medidas que empeoran la vida de las personas con discapacidad, todo lo contrario para lo que se creó dicha Agencia”.

“Suponemos que se volvió atrás con las auditorias por la gran visibilizacion que hubo en los medios, dándole un impacto negativo a la gestión de la ANDis. Asimismo consideramos que seguirán haciendo caso omiso a los derechos de las personas con discapacidad establecidos en la Convención, porque es lo que demostraron desde que asumieron como gobierno”, enfatizó Alarcón.

Por último remarcó que “seguirán con el claro espíritu de ignorar la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y de hacer resoluciones que complican la atención médica y el acceso a cualquier prestación necesaria en la vida de las personas con discapacidad”.