* Por Orestes Galeano, secGral CTAA Matanza

Para empezar es imprescindible tener en claro que durante los gobiernos liberales, las políticas desarrolladas en materia de salud y seguridad laboral, han sido solo normas apuntadas a disminuir la cantidad de juicios efectuados por trabajadoras y trabajadores, debido a las fallas y huecos del propio sistema de riesgos, su aplicación y la falta de cumplimiento de acciones preventivas. Política caracterizada por la elaboración de manuales de buenas prácticas y no de normas de cumplimiento obligatorio que garanticen salvaguardar la salud de trabajadores y trabajadoras. Es como si para regular el tránsito de vehículos, entregaran un manual del buen conductor y que, a la vez, no existieran sanciones cuando se cruza un semáforo en rojo o se excede el límite de velocidad.

La norma propuesta hace referencia al derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable (principio de OIT), pero luego en el texto propuesto solo se refiere a los establecimientos como si fueran el único lugar donde se trabaja.

Plantea como objetivos promover y propender a un ambiente sano y seguro, cuando el objetivo debería ser para nosotros/as garantizarlo. Otro aspecto es que plantea minimizar el impacto de los factores de riesgo mediante lo que denomina Medidas Básicas y no la eliminación en origen de dichos factores de riesgo.

En el caso de producirse un accidente de trabajo se plantea la realización de encuestas y no de un procedimiento de investigación de las causas del accidente o de los incidentes, como ya se establece en el marco actual, lo que marcaría un retroceso, en contraposición a la progresividad del derecho laboral.

De la creación de Comités Mixtos para garantizar la participación de quienes trabajamos en prevención y garantizar el acceso a la información de las entidades sindicales, no hay noticia alguna. Nada dice la propuesta respecto de cómo detectar las enfermedades de origen laboral y mucho menos cómo prevenirlas, en el Sistema de Riesgos del Trabajo solo cerca del 3 por ciento de las denuncias corresponden a enfermedades profesionales, sin embargo la OIT viene sosteniendo en las últimas décadas, que más del 80 por ciento de las muertes por el hecho o en ocasión del trabajo, corresponden a enfermedades vinculadas a la actividad laboral. En los últimos informes de la OIT la cifra de muertes a nivel mundial supera las 2.900.000 personas por año. Este sistema solo ve la punta del iceberg.

Para terminar, el elemento más peligroso está planteado en el artículo 42 de la propuesta, donde faculta al presidente Milei para dictar por decreto un texto ordenado reglamentan, modificando las leyes 24557 (de Riesgos del Trabajo), 26773 y 27348 (ambas modifican y complementan la Ley de Riesgos del Trabajo).

Estas consideraciones iniciales nos hacen presuponer que, por decreto eliminaran las pocas coberturas existentes y derechos conseguidos con años de lucha, al solo efecto de maximizar las ganancias de las ARTs (o sea el sistema financiero propietaria de ellas). Sospechamos que el Contador Morón vino a terminar las tareas inconclusas durante su gestión en el gobierno de Macri. Seguimos sosteniendo que LA SALUD NO SE VENDE, SE DEFIENDE.

*Por Orestes Galeano, Lic. en Higiene y Seguridad en el Trabajo, Director Nacional del Instituto de Salud y Seguridad de las y los Trabajadores de la Asociación Trabajadores del Estado (ISSTATE)