Los despidos, considerados discriminatorios e ilegales, se han dado sobre trabajadores que tenían alguna actividad relacionada con la defensa de los derechos del conjunto de sus compañeros (ya sea gremial, de género o políticas), y se llevaron adelante en los últimos meses en empresas como Shell, Pilkington, Volkwagen Argentina y Protcter & Gamble, entre otras.

La conflictividad social y sindical ha recrudecido fuertemente desde la asunción de Javier Milei. El intento de legitimar la súper explotación y la precarización a partir del decreto 70/23 y de la Ley Bases estimuló a algunas patronales, particularmente en el Estado y las multinacionales, a apuntar contra derechos constitucionales y tratados internacionales que consagran garantías sobre la labor sindical, la estabilidad laboral, el derecho a manifestar y peticionar ante las autoridades, entre otros. Por ello es que la Central viene participando activamente de los distintos conflictos, brindando su solidaridad de clase.

La CTA Bonaerense, a través de su secretario General, Oscar de Isasi, remarcó que: “vamos a respaldar cada medida que los trabajadores despedidos injustamente tomen, porque no vamos a permitir que avance la precarización de las relaciones laborales en nuestro país. El discurso de odio por parte del gobierno de Milei hacia los trabajadores, es terreno fértil para que las grandes empresas maximicen sus ganancias a través de la quita de derechos y la sobre explotación de los laburantes”.