Conte Grand denunciado por encubrir estafa por 95 millones de pesos al Astillero Río Santiago durante la gestión de Vidal
Los funcionarios que están sospechados del desfalco, son quienes impulsaron campaña judicial y mediática contra ATE y los Secretarios Generales del gremio estatal Oscar de Isasi (Provincia de Buenos Aires) y Francisco Banegas (Ensenada).
Susana González, Presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados de la Provincia fundamentó la denuncia en diálogo con Radio Provincia.
La denuncia presentada por la legisladora compromete al Procurador General de la Provincia quién habría encubierto delitos de corrupción por 95 millones de pesos en favor de Ricardo René López. También figuran el Presidente del Astillero Río Santiago Daniel Capdevila; el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, los funcionarios de la Procuración Miguel de Lezica, Max Perkins y Francisco Pont Vergés.
González contó “es un hecho que ocurre en 2018 cuando fue el embate de María Eugenia Vidal contra Astillero Río Santiago, sus trabajadores y el gremio ATE”.
Seguidamente, detalló “una de esas causas es una denuncia que hace el ex gerente de Recursos Humanos y Coordinador de Seguridad del Astillero Río Santiago Ricardo López por una supuesta o presunta malversación de fondos en el comedor”. La investigación fue presentada un día en el que el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta estaba de turno, quién “manda recabar pruebas mediante peritos técnicos de la prefectura Naval Argentina”, sostuvo.
“Pero ustedes saben que cuando un fiscal hace un investigación tiene instructores propios y los peritos de Asesoría Pericial que son de la Corte Suprema. En este caso, los peritos eran empleados de la procuración general de la corte, y los peritos eran los contadores de la procuración”, expuso.
“A medida que avanza la investigación, los peritos emiten un dictamen no encontrando ningún elemento de prueba, excepto cuatro facturas que no podían justificar una compra en el comedor. Pero se encuentran unas órdenes de compra por 95 millones de dólares para la construcción de 4 buques, que en principio estaría solicitando una empresa offshore cuyo gerente general es un tal Ricardo López, casualmente, igual que el gerente de recursos humanos coordinador de seguridad del Astillero Río Santiago y agente de la Agencia Federal de Inteligencia”, reveló.
En la investigación “además surge que las cartas de crédito de importación para la compra de chapas y perfiles navales que emite el Banco Provincia, son depositadas en una empresa cuya sede se encontraba en Florida y que había sido disuelta en diciembre de 2017, 6 meses antes de que se genere este pago”, declaró González, al tiempo que amplió “cuándo se entrega esa pericia del fiscal Condomí Alcorta toma conocimiento, y en su sentencia para imputar a los dirigentes de ATE por supuesta malversaciones en el comedor, menciona en su sentencia que si bien tiene relevancia el informe presentado por los peritos, no merece reproche penal en esa instancia y archiva la investigación con toda la prueba que se encuentra acumulada en el expediente”.
La diputada indicó que el “embate judicial” contra ATE, “fue comandado por el procurador Julio conté Grand, que no solo puso a dedo al fiscal que debía instruir, sino que además aceptó el cierre de la causa sin reproche penal cuando se está tomando conocimiento de un delito de acción pública nada más y nada menos que por la suma de 95 millones de dólares y donde interviene el interventor del Astillero Río Santiago, que era el señor Capdevila junto al señor Ricardo López”.
Seguidamente expuso que “estos funcionarios no son de carrera ni hicieron ningún concurso para ocupar los cargos y fueron designados porque eran militantes de Juntos por el Cambio”.
Según la legisladora, uno de los objetivos de estas acciones era efectuar «persecución a los sindicalistas, y además recortes laborales como bonificaciones para los trabajadores. Ni bien asumió Capdevila le fueron quitadas de su salario conquistas que habían obtenido por más de 25 años a través de paritarias y el estatuto que tienen los empleados del Astillero Río Santiago»
Finalmente, anticipó que la semana que viene se presentará personalmente a ratificar la denuncia y “acompañar otra prueba documental que tengo en mis manos, y a partir de allí el proceso de investigación que llevar a cabo el juez Alejo Ramos Padilla”, sobre cuya jurisdicción quedó radicada la causa. También iniciará un pedido de jury para el fiscal Condomí Alcorta.
A continuación la nota radial hecha por Radio Provincia.
Fuente: Radio Provincia
