Repudio a la criminalización de dirigentes populares Jujeños por parte de Gerardo Morales

La CTA Autónoma Bonaerense se solidariza con dirigentes indígenas y sociales del Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki, la CTAA, del MAP, y de la FeNaT, quienes son objeto de persecución política, criminalización y judicialización del gobierno de Jujuy encabezado por Gerardo Morales.

“Como organizaciones indígenas y sociales venimos defendiendo nuestros territorios, denunciando los desalojos, luchando por un buen vivir. trabajando décadas para garantizar una vida digna para el sector más empobrecido de la ciudadanía jujeña; garantizando la alimentación de miles niñ@s, mujeres embarazadas, personas en situación de calle, jóvenes con conflicto de adicciones, contención a mujeres y disidencias en violencia de género y sobre todo en la emergencia sanitaria mundial de COVID 19 con nuestras hermanas trabajando en comedores y merendó en toda la provincia. Evitando los desarraigos”, expusieron en un comunicado.

“El ataque que recibimos y la total falta de independencia de los poderes del Estado como el legislativo y judicial cooptadas por el ejecutivo queda en evidencia al notificar una presunta falta contravencional, a las instituciones representativas de Pueblo Originarios, Organizaciones Sociales Comunitarias y comedores comunitarios y sus dirigentes, nos pone en alerta a tan injustificada medida represiva por parte del Estado Jujeño”, agregaron.

Seguidamente, expusieron que “el gobierno provincial no garantiza la salud, la educación, la tierra para producir, para vivir, la decidía que dejo cientos de muertos, dejo librada a mano de quienes puedan organizarse para subsistir, es más la profundizó, generando causas a los gremios, persecuciones y ordenes desalojos a comunidades a comunidades originarias de oratorio como la del pueblo Ocloyas, Las Capillas, Cueva del Inca, Anka Jembei, Tilian, Tusca Pacha del rio Los Alisos, Kollasuyo Marka Perico, Natividad Quispe La Quiaca, Tawa Suyu.  donde faltan realizar relevamientos territoriales dentro la ley 26160, entregar carpetas o relevamientos mal realizados. Este accionar llevo a que reclamáramos y la respuesta del gobierno nos criminaliza con causas contravencionales a nuestras organizaciones y dirigentes”.

En este marco, las organizaciones expresan su más absoluto rechazo “que en nuestro legítimo reclamo constitucional realizado el 15 de diciembre pasado hayamos puesto en riesgo la salud, el distanciamiento social y preventivo y obligatorio, ni entorpecido la libre circulación de los ciudadanos. Los integrantes de las organizaciones indígenas y sociales somos de los que más sufrimos las consecuencias del Covid 19 y entendemos perfectamente la necesidad de cuidarnos y cuidarlos. La acción contravencional tiene claramente la intención de perseguir y castigarnos por parte del gobierno provincial.

Basta de criminalizar la protesta

Basta de persecución a las organizaciones y sus dirigentes

Exigimos independencias de los poderes en Jujuy.

No a la judicialización del hambre.

No a los desalojos a las comunidades indígenas preexistente.

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