Dirigentes de las organizaciones que suscribieron el Manifiesto por la Soberanía y el Trabajo estuvieron hoy en el Banco Nación para brindarle un contundente respaldo a la estrategia oficial que busca recuperar la empresa Vicentin y cobrar los créditos que le otorgó la gestión del gobierno de Cambiemos. En una extensa rueda de intercambios, los dirigentes sociales, gremiales, empresariales y políticos hablaron sobre la importancia simbólica y concreta de avanzar en la intervención y la expropiación para los diferentes sectores del campo popular.
La cúpula de la entidad brindó información sobre la investigación interna y la cusa judicial, y valoró el apoyo.
Estuvieron presentes la Federación de Inquilinos, ATE, la CTA Autónoma, sindicatos que integran la Corriente Federal de la CGT, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, el Consejo Productivo Nacional Pyme, la UTEP, la Ctep y la Federación Gráfica Bonaerense.
El primero en hablar fue Hugo Cachorro Godoy, titular de la Asociación Trabajadores del Estado y adjunto de la CTA-A, que expresó el objetivo del encuentro: “Traemos el respaldo a la decisión del gobierno de avanzar en la intervención y la expropiación de la empresa y en particular al Banco en su presentación como querellante en la causa por la estafa que le han infringido al pueblo argentino estos empresarios y los funcionarios del anterior gobierno”, dijo el dirigente estatal.
El propio presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, explicó que el objetivo es “cobrar lo que Vicentín le debe al Banco, para dar más créditos a las pymes”
Hecker, consideró que Vicentín es un “caso testigo” de una estafa que además afectó “la propiedad privada de otros productores, de cooperativas y también afectó fondos públicos, cuando dejó de pagar sus obligaciones y se lo permitieron”.
“No está mal prestarle a grandes empresas, pero sí es malo prestarle tanto a los grupos concentrados porque ese dinero debería estar destinado a ayudar a las micro y pequeñas empresas -señaló y agregó que- en estos tres meses otorgamos préstamos exclusivamente a las pymes por un monto mayor a lo que debe Vicentín, pero es importante recuperar ese dinero para continuar reforzando estas líneas de créditos”, concluyó.
Damián Regalini del Consejo Pyme, dijo: “Venimos solicitando que el Estado intervenga para fijar precios de referencia -más allá de celebrar la acción rápida del Banco al denunciar la estafa por el uso de nuestro dinero de manera irregular-, porque nosotros hemos perdido mercado no solo por los precios de nuestras materias primas, sino por los precios de la energía, de los alimentos, con lo cual nos resulta fundamental que el Estado dé un paso adelante en el control de precios de los bienes básicos de los trabajadores, porque son nuestros clientes”.
Gisela Bustos de MNER, explicó que “para el Movimiento es un caso testigo, no sorprende como resume y amplifica las características que vemos en el universo de empresas recuperadas, de procesos de recuperación que estamos acompañando: las maniobras fraudulentas, el rol del Estado, los amigos enquistados, los favores con plata del Estado, las devoluciones de favores, las fugas a paraísos fiscales, y así tenemos todos los casos que estamos asistiendo, y eso se refleja en Vicentin”.
Por las organizaciones estuvieron, además, Pablo Chena, economista de UTEP y Gildo Onorato del Movimiento Evita, entre otros. También estuvo presente Guillermo Wierzba, integrante del Directorio del BNA.
Claudio Lozano, integrante del directorio de la entidad y artífice de la investigación, advirtió: “La batalla por Vicentin recién comienza, el juez ha confrontado la decisión del Presidente de la Nación y también la decisión del gobierno de Santa Fe y nuestro propio pedido de intervención”.
A su turno, Ricardo Peidró, titular de la CTA-A, destacó que “hay una pelea de fondo con los sectores de poder concentrado, por eso se vivió una sensación de triunfo con esto”.
Fuente: Canal Abierto
