Como parte de este acompañamiento entendemos necesario seguir profundizando las medidas de protección de los trabajadores y trabajadoras, en particular de aquellos que cuentan con menores recursos y que se encuentran fuera de las redes de protección social. Entre las medidas que ya ha adoptado el Gobierno Nacional se encuentran las sumas de emergencia otorgadas a los jubilados y pensionados que perciben los ingresos más bajos, y a los titulares de la asignación universal por hijo. Dentro de estas medidas se incluye el otorgamiento de licencias laborales a todos los trabajadores y trabajadoras pertenecientes a alguno de los grupos de riesgo, así como también la dispensa de concurrir a los lugares de trabajo a quienes tengan hijos escolarizados a cargo.
A fin de fortalecer esta perspectiva, desde la CTA Autónoma sugerimos la adopción de las siguientes medidas:
– Suspensión de los despidos por un plazo de 30 días renovables a criterio de la autoridad de aplicación
El nivel de la actividad económica seguramente será afectado como consecuencia de la situación que estamos atravesando. En dicho marco, y dado que el Gobierno Nacional está adoptando medidas de corto plazo que son monitoreadas permanentemente, sería importante disponer la suspensión de los despidos sin causa por 30 días, renovables periódicamente en el caso de que ello sea evaluado como necesario por la autoridad de aplicación. La suspensión de los despidos por un corto plazo es una medida que ya existe en nuestra legislación local y se aplica en los casos en los que el Ministerio de Trabajo dicta la conciliación obligatoria. Entendemos que la situación actual justifica el dictado de una medida de este tipo de alcance general, al tiempo que también permitiría evitar las situaciones conflictivas que podrían originarse en el caso de que se produjeran despidos.
– Licencia para los trabajadores y trabajadoras con hijos escolarizados a cargo – Resolución aclaratoria
Esta licencia fue regulada por la resolución 207/20 dictada por el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, su redacción no ha sido del todo clara y muchas empresas interpretan que se trata de ausencias justificadas pero que no dan derecho al pago de salarios. Como consecuencia de ello, muchos trabajadores y trabajadoras directamente deciden no hacer uso de este derecho ya que no están en condiciones de afrontar semejante descuento en sus haberes. En este marco, sería importante que el Ministerio de Trabajo dicte en forma urgente una resolución explicitando que esta licencia es con goce de haberes y que no afecta el cobro de ningún tipo de adicional salarial, de la misma manera que se ha implementado para los trabajadores del sector público nacional.
– Licencia para los trabajadores y trabajadoras que convivan con personas encuadradas dentro de los grupos de riesgo
La licencia con goce de haberes debería hacerse extensiva a aquellos trabajadores que convivan con personas comprendidas en alguno de los grupos de riesgo. Estas últimas están particularmente afectadas por la situación de emergencia, por lo que requieren de una atención especial que recae necesariamente en quienes conviven con ellas. Además, se trata de población que está expuesta a un nivel de riesgo mucho más importante, por lo que su grupo conviviente también debería estar comprendido dentro de las licencias laborales.La extensión de este tipo de licencias pagas ha sido recomendada recientemente por la OIT como parte de las respuestas apropiadas ante la crisis actual.
– Políticas de ingresos destinadas a los sectores de menores recursos
Las garantías y reformulaciones de las normas legales son necesarias para el sector formal de la fuerza de trabajo. Los trabajadores y trabajadoras que se desarrollan en la economía informal de alta vulnerabilidad social requieren de garantías económicas y programas de transferencia de ingresos efectivos y de amplio alcance. En el marco de un inexorable freno en la actividad económica se vuelve aún más necesario la conformación de un piso de ingresos como red de contención para el conjunto de hogares a través de una batería de políticas de carácter universal. En primer lugar, se propone la efectiva universalización del sistema de asignaciones familiares a los valores vigentes para resolver las asimetrías del sistema nacional (actualmente existen 1,9 millones de niños y niñas en sistemas provinciales con montos generalmente inferiores y 2,3 millones están excluidos del sistema general). En segundo lugar, se propone la universalización de un Salario Social de Empleo y Formación (SSEyF) para todos los jefes y jefas de hogar desocupados que supere el acotado alcance de los actuales planes de empleo y garantice a cerca de 2 millones de trabajadores sin empleo o con ocupaciones de subsistencia un valor equivalente a $34.500. Ello permitiría contar con fuerza de trabajo a nivel local para llevar adelante la mayor inversión pública anunciada en la emergencia. Y, por último, el establecimiento de una jubilación universal para la población adulta mayor equivalente al 82% del SSEyF($28.300) mejorando la situación de ingresos de la mayor parte de jubilados y pensionados a través de un aumento del 78% del haber mínimo y de 122% de la PUAM.
– Políticas de ingresos destinadas a los sectores de menores recursos – Exención del pago del monotributo para los trabajadores que prestan servicios
Los sectores que más sufrirán los efectos de esta crisis serán los de menores recursos. En particular, aquellos que se encuentran por fuera de las redes de protección social. Las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional podrían fortalecerse con otras, como por ejemplo la exención temporal del pago del monotributo a los trabajadores que prestan servicios junto con la extensión del bono extraordinario de $3.000 para las asignaciones familiares por hijo de monotributistas. La expansión del trabajo por cuenta propia ha sido la regla en los últimos años y se trata de los sectores que están más expuestos a una caída en el nivel de actividad. Por ello, eximir del pago del monotributo hasta que la autoridad de aplicación así lo considere constituye una medida de justicia distributiva que también le garantizaría a dichos sectores el acceso a los servicios de salud sin necesidad de hacer esfuerzos económicos que no están en condiciones de afrontar en la actualidad.
– Recursos sindicales al servicio de la comunidad
Los trabajadores y las trabajadoras jugamos un papel estratégico para enfrentar la actual emergencia, desde quienes sostienen día a día el sistema de salud pública en todo el país hasta los responsables de tomar muestras y llevar adelante los análisis en los laboratorios estatales. En tal sentido, ponemos a disposición la estructura de nuestras organizaciones al servicio de las medidas que impulse el Gobierno Nacional y sostenemos que una vez más queda demostrado que el sentido colectivo está por encima de la búsqueda del lucro. De esta crisis deberemos salir con más Estado, con más salud pública y con más organización colectiva y sentido de pertenencia a nuestra comunidad.
Fuente: agenciacta.org
