Juicio a la Brigada de San Justo: piden prisión perpetua para los imputados
Este miércoles 12 de febrero se reinició el juicio por los crímenes cometidos en el Centro Clandestino de Detención de la Brigada de Investigaciones de San Justo en el juzgado federal de la ciudad de La Plata. El juicio comenzó en agosto del 2019 y tuvo un receso por la feria judicial. Luego de la presentación de fiscalía, abuelas y otros querellantes, en esta jornada fue el turno de la querella de la APDH, la CTA-A y de la Universidad Nacional de la Plata. Frente a la magnitud de los crímenes cometidos en ese centro se pidió que los imputados sean juzgados por delitos de lesa humanidad y genocidio, exigiendo las penas máximas.
Emiliano Hueravillo, secretario de Derechos Humanos de la CTA-A bonaerense señaló: “Esperamos que este juicio termine con una cadena perpetua a los genocidas que se están juzgando. Hoy nuevamente estará acompañando nuestra Central en este juicio y cuando sea el fallo estaremos movilizando en la puerta del juzgado”.
Por su parte, Josefina Rodrigo, abogada de la APDH, en este caso representando la querella de APDH, CTA y Universidad y particulares, como el caso de la familia Lavalle- Lemos, explicó: “Nuestro planteo es por todos los casos y todos los imputados, así que viene bastante en sintonía con lo que planteó la fiscalía y querella de Abuelas, sólo con algunas diferencias como la desaparición forzada, que la fiscalía planteó que era secuestros extorsivos y no privaciones ilegítimas de la libertad, son tecnicismos, pero nosotros planteamos desaparición forzada y el planteo de siempre que hubo un genocidio en la Argentina y que son delitos de lesa humanidad”.
La abogada, dijo que se hace “hincapié en la función que tenían los 21 imputados y en el deber que tenían sobre las personas que estaban detenidas”. Entre los responsables se apuntó contra el entonces Director General de Investigaciones, Miguel Osvaldo Etchecolatz; el entonces Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Jaime Lamont Smart, a su secretario de Gobierno, Juan María Torino; y al medico Jorge Héctor Vidal, denunciado por torturas y la apropiación de bebes.
Durante los alegatos se explicó que las víctimas – unas 86- pasaron por otros centros clandestinos de detención que conformaron el circuito represivo de la zona oeste. “No fue solo un lugar de tránsito, sino de tortura feroz, asesinatos, gravísimas agresiones sexuales, entre otros delitos”.
Plantearon especialmente la responsabilidad de Smart y Torino: “está probado por sus declaraciones que Smart conocía los hechos y prestó colaboración para eso”. De esta forma se habló de la carga civil de quienes “debían resguardar los derechos de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires y no lo hicieron. Los imputados han vulnerado sus derechos a su cargo”. Asimismo, especificaron que está “probada la vinculación operativa entre fuerzas policiales y armadas, violando las leyes vigentes de su momento, leyes que ponían límites a la obediencia y el artículo 19 de la constitución que dice que ningún habitante está obligado a hacer lo que la ley no manda”.
Se exigió la prisión perpetua por delitos de lesa humanidad y genocidio, con accesorios legales y costas a los 22 imputados por torturas, homicidios, desapariciones forzadas, agresiones sexuales, apropiaciones y detención ilegitima de la libertad de unas 86 víctimas.
Finalmente, también se exigió que se revoque la prisión domiciliaria de los imputados que gozan de ese beneficio.
