¿Vidal decidió envenenar a la población?

El pasado 17 de diciembre el ingeniero Agrónomo Leonardo Sarquís, Ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires y ex CEO de la multicriminal Monsanto, firmó una Resolución que podría poner en riesgo la salud de 15 millones de bonaerenses. La resolución pretende establecer pautas de aplicación de agrotóxicos para la provincia según los criterios de las llamadas “Buenas Prácticas Agrícolas”, que no son más que un eufemismo para deslindar la responsabilidad en el último eslabón de la cadena cuando los casos de asesinato por envenenamiento llegan a los tribunales o a los medios de comunicación.

Con vigencia a partir del 1° de enero de 2019, la resolución legaliza la aplicación de venenos en lotes vecinos a cualquier punto poblado –urbano, residencial extraurbano, de población dispersa–, áreas de bombeo, reservas naturales y márgenes de cursos e incluso cuerpos de agua. En medio de este “vía libre para fumigarnos” también se incluyeron los lotes linderos a escuelas rurales, aunque invadidos por la culpa aclaran en el artículo 5° que deberán fumigarlas fuera del horario escolar. Lo que podría parecer un chiste resulta cínico cuando vemos el aumento de enfermedades producto de las fumigaciones en nuestrxs pibxs.

Este año en la Pcia. de Entre Rios el Foro Ecologista de Paraná y a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) obtuvieron el amparo que habían presentado para preservar la salud de lxs niñxs y docentes que asisten a 850 escuelas rurales, logrando que se establezcan zonas de resguardo de 1.000 y 3.000 metros para fumigaciones terrestres y aéreas respectivamente. Este fallo despertó la ira del agronegocio que amenazó con cortar rutas para voltearlo. La ambición no tiene fin y el agronegocio tampoco ve en lxs niñxs y las escuelas un límite en la Pcia. de Bs. As.

Además de ampliar las fronteras para el uso de venenos, la 246-MAG-P18 mandata al ingeniero/a agrónomo a determinar: Qué, cómo, cuando y cuanto veneno podrá ser aplicado y lo designa como única autoridad en la materia, dejando en manos de un técnico en producción agropecuaria el resguardo sanitario de la población, algo para lo que claramente no posee cualificación.

En los 20 años de este modelo agroindustrial, el daño a las poblaciones y al medio ambiente es inocultable y tremendo: cáncer, tiroidismos, afecciones epidérmicas, neurológicas y respiratorias, alergias y celiaquía, trastornos reproductivos; cursos de agua y lechos de cuencas contaminados, presencia de pesticidas en la carne de animales y peces, pérdida de biodiversidad, y agrotóxicos en sangre y orina de la población. ¿Nos preguntamos entonces por qué la gobernadora expone la salud de la población bonaerense en vez de resguardarla?

¿Fondos para la campaña?

Sarquís ya había tenido intenciones de legalizar las fumigaciones a quemarropa. En diciembre de 2017 la CTAA Pcia. de Bs. As. junto a organizaciones sociales, asambleas, trabajadorxs de la tierra  y espacios de lucha contra el agronegocio logramos frenar la ley que nosotrxs denominamos “Ley PRO Cáncer“. En ese momento el Proyecto de Ley llegó a obtener media sanción del Senado Bonaerense que votó entre gallos y media noche el proyecto presentado sobre tablas. Cuando tomó estado público el Proyecto salió de Diputadxs y durmió hasta ahora. Resulta increíble que una ley que debía tener consenso y debate según las propias palabras del Ministro salga hoy vía Resolución Ministerial como un trámite express.

Lo que inmediatamente nos hace preguntarnos si será este el precio que pagaremos quienes vivimos en la Pcia. de Buenos Aires para que la Gobernadora Vidal pueda financiar la campaña 2019.

Decimos “La Resolución es Inconstitucional”

Con idénticos argumentos que presentamos en 2017 contra el Proyecto de Ley de Agrotóxicos, hoy volvemos a decir desde la CTAA Pcia. de Bs. As. que esta Resolución es  inconstitucional e inviable:

Inconstitucional porque el derecho ambiental debe ser progresivo y nunca regresivo, podemos ir por más derechos, pero nunca por menos.

Por ejemplo: La Provincia de BsAs cuenta con la Ley 10.699/89 y su decreto reglamentario 499/91 que en su artículo 38 establece que las aplicaciones aéreas “deberán operar a una distancia no menor a los 2 km de los centros poblados”. Esto es un piso y no un techo, loo que significa que esta Resolución no debería bajar este techo.

Hasta ahora cada territorio debía luchar por ordenanzas municipales con la mayor cantidad de metros de amortiguamiento posibles (las hay de 100, 500, 1000 o más metros según el tipo de pulverización); la nueva resolución intenta dejarlas sin efecto y establecer que los resguardos se establezcan según cada caso puntual. La indeterminación no preserva las poblaciones sino que las deja completamente vulnerables.

Decimos que es inviable porque en medio de una provincia que recorta prosupuesto para educación, vivienda o salud, resulta “ingenuo” pensar que se podrán solventar centenares de técnicos idóneos e insobornables que recorran la provincia para analizar caso por caso.

Modelo de muerte Vs. Modelo de vida

Frente al agronegocio y su aparato destructivo hay un modelo que no tiene prensa pero avanza y promete ser una opción que además de saludable para quienes producen y consumen es una opción económicamente más rentable y justa: la Agroecología. Así se creó la Red Nacional de Municipios que Fomentan la Agroecología (RENAMA) que encabeza el ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá y que viene demostrando que la agroecología es absolutamente viable en grandes extensiones

Producir de forma agroecológica implica la recomposición de los ciclos de la vida dentro de ecosistemas agrícolas, donde nada sobra y donde la acción de los agricultores es básicamente la de ayudar a que el propio sistema se equilibre. Implica suelos llenos de vida y la interacción con la mayor biodiversidad posible.

Antecedentes para tener en consideración:

• Según una investigación del CONICET y la Universidad de La Plata (UNLP) publicada en julio de 2016 en la revista internacional Environmental Monitoring and Assessment existe contaminación en toda la cuenca del río Paraná con glifosato e insecticidas, donde la concentración más alta se ubica en el río Luján.
• En resultados de un estudio llevado a cabo por científicos del INTA y el CONICET, divulgado en julio de 2017 por la revista internacional Chemosphere ocho de cada diez peces monitoreados en aguas del norte de la provincia dieron positivo en contaminación con agrotóxicos. Los análisis arrojaron presencia de 17 pesticidas diferentes en los diversos tejidos analizados y en algunas muestras se llegó a ubicar hasta 5 plaguicidas concentrados en un mismo ejemplar.
• En un estudio de 2015, realizado por la Universidad del Litoral (UNL) en la cuidad de Trenque Lauquen se detectó la presencia de herbicidas cancerígenos como el 2,4-D y Atrazina en muestras tomadas en los árboles que rodean la Municipalidad en pleno centro urbano.
• Un estudio del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), dependiente del CONICET, publicado en julio de 2018 en la revista internacional Science of the Total Environment, indica que el agua de lluvia analizada en puntos de la provincia como La Plata y Coronel Suárez se ubicaron concentraciones de herbicidas como el glifosato y la atraquina con cargas hasta 20 veces superiores a la registrada en paí­ses como Estados Unidos.
• Trabajos como “Los plaguicidas agregados al suelo y su destino en el ambiente” (2015, INTA ediciones), con foco en puntos geográficos como la laguna de Mar Chiquita o el estuario de Bahía Blanca, exponen que “en las últimas décadas, el incremento de la contaminación provocada por la liberación desmesurada de distintas clases de químicos ha afectado el medio ambiente y la salud de los organismos.”

*Declaración de la CTA Autónoma Provincia de Buenos Aires sobre la Resolución Mnisterial 246-MAG-P18 que habilita las fumigaciones junto a poblaciones, escuelas rurales, fuentes de agua e incluso reservas naturales.

El Ministro Sarquís junto a María Eugenia Vidal