“No podemos hablar de democracia si se excluye la seguridad social”
Así lo remarcaron distintos expositores en el marco de la carpa que ATE y la CTA Autónoma levantaron ayer contra el presupuesto de ajuste de la gobernadora María Eugenia Vidal. Disertaron sobre la realidad de las cajas jubilatorias y los organismos de atención social.
El panel coordinado por César Baliña, secretario de gremial de ATE provincia de Buenos Aires y encargado de la coordinación del sector nacional en el territorio bonaerense, moderó la mesa en la cual participaron trabajadores de IOMA, IPS, ANSES, PAMI y jubilados.
Con la presencia de trabajadores estatales, organizaciones sociales, políticas, gremiales delegados paritarios de ANSES de Morena, La Plata, Mar del Plata, Mercedes, San Martín, Cañuelas, La Matanza, además de integrantes del Centro de jubilados.
El primer expositor fue Mariano Robles, trabajador de PAMI, quien detalló que “actualmente contamos con menos trabajadores para contener las demandas. PAMI ha vuelto al sistema de cápitas lo que implica una disminución en la cantidad y a calidad del servicio”.
Al tiempo que denunció que “faltan insumos relacionados con fisiatría. Si se gestiona ortopedia como sillas o camas demandarán más de un año en obtener acceso a ellas. Cada vez es menor la cantidad de servicios que se presta a los trabajadores”.
Por su parte, Luciano González, abogado especialista en temas previsionales, indicó que “estamos sufriendo una disminucióne n las partidas y en ese marco el gobierno nacional lanzó la ley de reparación histórica que incluye la venta del Fondo de Garantía de Sustentabilidad”.
Además, cuestionó que “la ley estipula la armonización de las cajas provinciales. A esto se le suma la pérdida de derechos como el 72 u 82 por ciento que puede garantizar el IPS para pasarlo bajo el régimen de de ANSES a un 50 por ciento”.
“Estamos yendo nuevamente hacia un sistema de jubilación privado como fue el de las AFJP, que por mala fama llevará otro nombre, pero la estrategia es ir hacia el mismo sistema de capitalización privada”, precisó.
A su turno, Gabriela Troiano, es diputada nacional por el Partido Socialista, advirtió que “pretenden limitar las pensiones y que la responsabilidad recaiga sobre el propio discapacitado. En nuestro país tenemos un millón de personas con discapacidad en situación de pobreza”.
“La políticas públicas deben estar dirigidas para que el Estado sea quien vaya en busca de las personas que precisan las pensiones y no que sea al revés. Y, para colmo, demoran años en poder acceder a una pensión que oscila entre 840 y 1.000 pesos”, concluyó.
Luego Rolando García, trabajador y paritario de ANSES, describió que “todas las medidas que viene adoptando el gobierno están destinadas a pocas personas, y quienes no pueden ingresar al sistema de cobertura no tienen manera de hacerlo”.
“En ANSES vemos cómo la planta de trabajadores se está reduciendo de manera continua, enviando funciones que anteriormente pertenecían al ministerio de Desarrollo Social y que ahora pasan a depender de la Agencia pero sin incorporar personal. Estamos frente al avance de la precarización laboral”, detalló.
Alejandra Brillante, integrante de la CTA Autónoma bonaerense, expresó que “continuamente hablamos de democracia, pero no podemos referirnos a una democracia plena si ella no contempla la seguridad social. Intentan que los trabajadores nos jubilemos a los 70 años de acuerdo a lo que reclama el propio FMI”.
En tanto, Nancy Alarcón, titular del Departamento de Discapacidad de ATE bonaerense, invitó a todos los presentes a “organizarse para continuar con la defensa de las personas con discapacidad. Ellas no son un gasto como pretende hacerlo pasar el gobierno y el Estado tiene la obligación de estar presente para ayudarnos”.
Oreste Poggi, director de Servicios Sociales de la AJB y especialista en salud, manifestó que “los trabajadores no somos beneficiarios somos portadores de derechos y el Estado tiene la obligación de garantizarlos”.
“En la actualidad IOMA pasó a ser un organismo recaudador con la ley de ministerios de este año. Allí se incorpora un artículo que contempla que el superávit puede ser empleado en otros emprendimientos de salud”, cuestionó.
Mientras que Griselda Cavaliere, secretaria de Acción Política de ATE provincia de Buenos Aires y trabajadora del IPS, precisó que “el instituto tiene la particularidad de ser un organismo público, no del gobierno, por eso es importante comprender nuestra resistencia”.
“En el marco de un sistema en el cual priman las lógicas de mercado e individualistas, un sistema solidario como el del IPS plantea un problema para un gobierno que pregona las leyes del mercado para administrar el ámbito público”, destacó.
Además, recordó que “el gobierno provincial intentó realizar un proceso de armonización pero no contó con el respaldo social, por eso ahora la estrategia que lleva adelante es el vaciamiento del IPS. A través de la generación de empleo precario, retiros voluntarios y jubilaciones de oficio avanzan hacia el debilitamiento del sistema procurando crear las condiciones para avanzar sobre el instituto”.
Por último, el presidente del Centro de Jubilados de ATE bonaerense, Rodolfo Lara, concluyó que “como jubilados del Estado creemos que es necesario avanzar. Hasta ahora hemos hablado de trabajadores que pueden acceder a una pensión pero la provincia tiene más de 13 millones de pobres para lo cual no hay ningún tipo de contención social”.
Fuente: Equipo de Comunicación ATE Provincia de Buenos Aires
