La CTA-A presente en el comienzo del juicio a la Brigada de San Justo

Empezó en los Tribunales Federales de La Plata el juicio por los delitos cometidos en la Brigada de Investigaciones de San Justo, partido de La Matanza. Como parte de la querella, Hueravilo, secretario de DDHH de la CTA Autónoma bonaerense, destacó que “luchamos para ver a estos genocidas en un cárcel común y perpetua”

El Centro Clandestino de Detención formaba parte del denominado “Circuito Camps”, que incluyó más de 33 Centros Clandestinos en el Conurbano bonaerense y estaba a cargo directamente de la Dirección General de Investigaciones a cargo del genocida Miguel Etchecolatz. Además del comisario genocida, serán juzgados otros 18 represores entre los que se encuentran un militar de la estructura de mando, 6 oficiales del área de inteligencia militar, 4 jefes del CCD, 4 agentes que realizaban custodia e interrogatorios, un médico policial que asistía torturas y los titulares civiles del Ministerio de Gobierno provincial en dictadura.

Al respecto Emiliano Hueravilo, secretario de DDHH de la CTA Autónoma y director de DDHH de ATE bonaerenses, indicó que “la Central comparte querella con la APDH La Plata y la UNLP, son 19 represores de la Brigada de San Justo. Uno de ellos es Miguel Etchecolatz por el circuito Camps. Son 84 casos y nos concentramos organismos de derechos humanos, sindicales, estudiantiles y políticas en el Tribunal Federal. Luchamos para ver a estos genocidas en un cárcel común y perpetua, por eso reclamamos juicio y castigo”.

«Tenemos que generar la posibilidad de que el juicio sea abierto, que venga la sociedad argentina, el pueblo, a participar, para así poder lograr una sentencia favorable, para condenar a todos estos genocidas, y los que quedaron afuera del juicio, a una cárcel común y perpetua», apuntó Hueravilo.

Entre marzo de 1976 y 1978 por la Brigada de San Justo pasaron al menos 101 personas identificadas con nombre y apellido, y otras 9 individualizadas sólo con nombre de pila o apodo. De esa lista el juicio se recorta a 84 casos, 31 de los cuales corresponden a personas detenidas-desaparecidas.

En ese sentido Daniel Aguirre, referente del Movimiento Argentina Revelde (MAR-CTAA), destacó que «muchas compañeras y compañeros de La Matanza han sido secuestrados y torturados en este centro clandestino de detención, por eso venimos a acompañar a los familiares, que no han cesado en todos estos años en la lucha por justicia por nuestras compañeras y compañeros desaparecidos».

Y agregó que «Venimos haciendo diferentes actos, que incluyeron la colocación de placas en el centro clandestino de detención, para llegar a este juicio, que esperemos que concluya con castigo a los responsables de tantos crímenes de lesa humanidad».

Por su parte Carlos Saidman, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y del colectivo Justicia YA de La Plata, aseguró que hoy se llega al juicio «gracias a la lucha de miles de compañeros que no han abandonado el compromiso para que se haga justicia por lo que fue la dictadura genocida que asoló nuestro país entre 1976 y 1983».

En ese sentido destacó que «estamos acá gracias a la lucha de esos compañeros, de los sobrevivientes y de los familiares de aquellos compañeros que no pudieron salir de los campos de concentración. Estamos acá por la lucha de todo un pueblo que sigue exigiendo memoria, verdad y justicia, y que considera a estos juicios como un logro la gente, no de ningún gobierno, ni de un sector en particular».

«Vamos a perseguir hasta el último rincón a donde vayan a todos los genocidas por cárcel común, perpetua y efectiva, y por justicia lo mas rápido posible», remarcó Saidman.

El tribunal que juzgará los delitos cometidos en la Brigada de San Justo estará integrado por los jueces Alejandro Esmoris, Nelson Jarazo y Pablo Vega. Esmoris y Jarazo absolvieron al represor Alejandro Duret en Mar Del Plata en 2009, y luego lo liberaron con el recurso del “2×1” en 2016. Además, Esmoris intentó otorgar el “2×1” a los ya condenados genocidas de la Unidad 9 Abel Dupuy y Ramón Fernández en 2017. Esmoris y Vega absolvieron al represor de la CNU Juan José “Pipi” Pomares por el “beneficio de la duda” en 2017.

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