«Nos parece llamativa esta reforma de Vidal sobre el Régimen de Responsabiliad Penal Juvenil»
Esto señalan desde el Foro por los Derechos de la Niñez ante las modificaciones enviadas por el Ejecutivo provincial al Senado, que cambian 15 artículos de la Ley N° 13.634 que junto a la Ley 13.298 constituyen el Sistema de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez (SPPDN) en la provincia de Buenos Aires.
El Foro por la Niñez, integrado por organizaciones sociales, de derechos humanos, de trabajadores, colegios de profesionales e institutos de investigación, entre otros actores, fue promotor de la instauración del SPPDN desde el año 2004, cuando se logró la sanción de la 13.298 y luego en el año 2006 cuando tuvo su aprobación la Ley 13.634. Ambas normas entraron plenamente en vigencia en los años 2007 y 2009, aunque desde el Foro, la CTA Autónoma y otras organizaciones se vienen exigiendo los presupuestos necesarios y la creación de distintos organismos estipulados por la leyes y sus decretos reglamentarios, como el Observatorio Social y el Defensor del Niño.
Hay que señalar, que esta provincia concentra más del 50% de adolescentes y/o jóvenes privadxs de libertad de todo el país, «el cual es denunciado sistemáticamente y caracterizado por, sobrepoblación y hacinamiento constante, plazos procesales vencidos/indefinidos, disposiciones judiciales incumplidas, violencias, desvinculación familiar, aislamiento, “suicidios», edificios deplorables, falta de recursos materiales y de personal» denuncian desde el Foro por la Niñez.
Al mismo tiempo, desde la Comisión provincial por la Memoria, que realiza informes periódicos sobre las condiciones de detención, expresaron que «los tormentos se dan tanto en las instituciones dependientes de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia (hoy Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia) como en las comisarías y en otras situaciones de detención. Se ha comprobado la inexistencia de espacios de encierro eximidos del uso de la violencia (en cualquiera de sus tipos), ya que todos ellos despliegan prácticas de sometimiento, asimetría, degradación y administración de suplementos punitivos. Sin embargo, no se conoce en la provincia existencia de acción gubernamental alguna sobre la aplicación o al menos diseño de planes de prevención y eliminación de la violencia institucional. Tampoco existe ningún modo para que los adolescentes puedan denunciar situaciones de golpes o malos tratos, ya que encuentran severamente cercenado su acceso al teléfono u otros medios de comunicación, así como la privacidad para sus conversaciones”.
En este marco, la Gobernadora María Eugenia Vidal giró el proyecto al Senado que modifica 15 artículos de la Ley de RPJ y establece algunas reformas que tienen como objetivo unificar las competencias de los Juzgados. «Hoy existe un Juzgado de Garantías que lleva adelante la investigación y un Juzgado de responsabilidad penal que lleva adelante el juzgamiento. El proyecto de Vidal busca eliminar esta división entre juzgado que investiga y juzgado que juzga. Lo de la unificación de ambas funciones en todos los juzgados podría convertirse en un problema para la organización del sistema, y además nos llama la atención que se elimina el término «garantías» en la función de los juzgados» señalaron voceros del Foro por la Niñez.
La iniciativa oficial se fundamenta en «las estadísticas recabadas en el marco de la Mesa del Mapa Judicial de la Provincia de Buenos Aires», a través de la cual se detectaron una diferencia importante entre número de causas que se tramitan en juzgados de Garantías del Joven y Juzgados de Responsabilidad Penal Juvenil. “En consecuencia, al igualar la competencia de todos los juzgados penales del fuero del menor, el número de causas por dependencia en la etapa preliminar se vería reducido, redundano en una mejora en la administración de justicia” señalan en la argumentación del proyecto.
Sin embargo, «en el Art. 43 se elimina la posibilidad del defensor de pedir la revisión de la prisión preventiva cada 3 meses y eso nos preocupa» expresaron desde del Foro por la Niñez.
En definitiva, la reforma suena más a un «ajuste» de recursos que a la mejora del sistema. Habrá que ver cómo sigue esta modificación y que actitud tomará el gobierno frente a las denuncias sobre una ‘inflación’ del sistema penal juvenil, que sigue replicando el modelo de cárceles de adultos.