“El 70% de los desaparecidos eran trabajadores”

A 41 años del último golpe cívico militar, el asesor letrado de ATE y la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Ponce Núñez, analiza cuál ha sido el rol de estas organizaciones en los juicios de lesa humanidad realizados en la región, que se enmarcan en la lucha inquebrantable por el juicio y castigo a los culpables, sumado al rescate de la memoria, la verdad y la justicia.

¿Cuál ha sido el recorrido hecho por las organizaciones y su papel en los juicios?

No ha sido fácil llegar hasta acá. Con la llegada de la democracia era imposible juzgar a los genocidas, ya que lo prohibían la Leyes de Obediencia Debida y Punto Final; por lo que entonces tuvimos que formalizar una presentación ante los tribunales españoles, concretamente ante el magistrado Baltasar Garzón. Incluso, antes de que se habilitara formalmente la posibilidad de continuar con las investigaciones y condenas en nuestro país, cuando se instauraron los juicios por la verdad, la CTA se presentó como querellante y fue recepcionada ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.

Siguieron las luchas de los Organismos de Derechos Humanos, a las que acompañamos y el pueblo en general se constituyó como real reclamante de verdad y justicia, hasta que fueron derogadas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y comenzaron los procesos. Así, en la ciudad de La Plata se realizó primero el juzgamiento de los represores Etchecolatz y Berges, pero en dicho proceso solo acompañamos desde fuera.

Llegó el momento de juzgar a un miembro de la Iglesia, Von Wernich y allí sí comenzó nuestro derrotero y la Central fue recibida como querellante, tarea que comenzó a cumplir, como hasta el presente en conjunto con la APDH (Asamblea Permanente Por los Derechos Humanos-La Plata). Propiciamos y se logró la condena a cadena perpetua del acusado.

Este juicio fue un punto de inflexión en la lucha por los DDHH en la región y el país.

El juicio por el Circuito Camps significa varias cosas, primero que hemos encontrado a lo largo de un año y medio la verdad sobre un circuito que existió entre los años 76’ y 82’ que pertenecía a la policía de la provincia de Buenos Aires, comandada por Camps, y que hemos podido demostrar que parte de la policía trabajó en forma paralela, cometiendo realmente un genocidio en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.

No había ni registros de detenidos, no había certificado de defunción siquiera de la gente que se les moría, los enterraban como NN, falsificaban absolutamente todo, hasta los certificados de los bebes que nacían y que ya habían nacido,  es decir, hay todo un circuito adecuadamente probado que demuestra la totalidad de ilícitos que se cometieron y este circuito era perfectamente pergeñado, donde había un lugar de detención del sujeto, un lugar de tortura, un lugar de traslado. Esto es lo que hemos logrado demostrar a través de un año de juicio, que a mi criterio es el más importante llevado a cabo hasta el día de hoy en la provincia de Buenos Aires.

Y además, es la primera vez que se condena a un funcionario político civil, Jaime Lamont Smart, que por ser Ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires estaba a cargo de la policía y tiene por consiguiente que quedar detenido. Inclusive a Smart se lo vio varias veces en los centros de detención, como en Puesto Vasco y en Arana, por consiguiente sabía perfectamente cómo era el sistema y a lo que estaba adhiriendo.

Luego viene el juicio de la Unidad Nº9 de La Plata, tan sentido para ATE y la CTA, dado que entre las víctimas estaba Hugo “Cachorro” Godoy

Correcto, en el mismo alcanzamos nueva condena para los responsables, con cadenas perpetuas para varios de ellos y prisión para otros.

Como la historia no se detiene y la participación de la CTA y ATE tampoco, fuimos parte del proceso del Circuito Camps, que queremos compartir con ustedes. En estos alegatos, hemos volcado las ideas por las que siempre hemos luchado, el respeto al ser humano, a la ley que nos rige y la pretensión de alcanzar condena para todos aquellos que cometieron genocidio en nuestro país y más concretamente en nuestra provincia. Esta ha sido nuestra postura, a fin de que se advierta que los responsables del genocidio ni siquiera supieron respetar las leyes que ellos mismos se daban y que los principios en los que basaban su accionar, fueron dejados de lado para cometer actos crueles y degradantes, llegando al homicidio contra nuestros compañeros.

La sentencia condena a prisiones perpetuas a la mayoría de los imputados y la razón de ellas tiene que ver no solo con el tipo de delitos y la cantidad de víctimas, sino además con las violaciones a la ley que todos los imputados como funcionarios públicos realizaron a fin de cometer esos delitos. Se alcanzo la verdad y la justicia.

Además, la sentencia,  no se limitó a las cuestiones de hecho investigadas, sino que también, se investigó con firmeza nuevos elementos de hechos acontecidos en aquella época. Dispone, por ejemplo, la detención de Rodríguez Varela, Fiscal de Estado en esos años, que visitaba los centros clandestinos junto con Smart y Saint Jean.

Otra particularidad es que avanza contra el diario La Nación que se puso durante todo el tiempo del juicio en defensa de Smart y avanza contra la corporación de abogados, que, a través de algunos colegios, como el de San Isidro, defendieron a Smart como paradigma de lo justo.

Es mucho trabajo y muchos años que venimos acompañando las causas y la búsqueda de la verdad. Siempre, sabiendo que el esfuerzo que ponemos no es en busca de venganza, es simplemente hacer justicia que es lenta, pero llega y debemos acompañarla para que sea efectiva.

Solo queda decir que ATE y CTA Autónoma han sido querellantes en este juicio, al igual que lo viene siendo en los juicios que se realizan en la zona de provincia de Buenos Aires, porque el 70% de las personas que desaparecieron, fueron muertas o sufrieron cárcel durante el gobierno militar, eran trabajadores. No solamente por calidad de trabajador en sí sino porque también eran afiliados a sindicatos o consolidados en organizaciones de base que luego constituyeron, muchas de ellas, lo que es la CTA que hoy conocemos. Trabajadores del Astillero, trabajadores de petroquímica, trabajadores de la universidad, del estado, y de otros sectores, que por estar organizados, o simplemente por reclamar por sus derechos, fueron detenidos.

Por eso ATE y CTA, en representación de todo ese núcleo de trabajadoras y trabajadores está presente en este juicio y seguirá presente en los que vienen.

¿En qué otro juicio se está trabajando?

Esperando inicio causa CNU. Nos presentamos ahora en causa Muñoz, residual Comisaria Quinta. Y hemos presentado el año pasado pedido de profundización de investigación, como residual de fuerza tareas Nº 5.

¿Alguna reflexión final?

Nos metimos en los juicios por una decisión política y de defensa de los derechos humanos y comenzamos con la presentación en España porque acá estaban vedadas todas las posibilidades de hacerlo.

Y así venimos recorriendo este espinel, que nos lleva a recordar éste 24 de marzo como lo hacemos todos los años, más no con simplezas, sino con muchos de los ideales que los compañeros levantaban como bandera en la década de los 70, que de haberse alcanzado y cumplido, nos mostrarían otra Argentina, más igualitaria, más respirable, más vivible, donde los derechos serían una realidad del diario vivir y nos preocuparíamos más por consolidar el rumbo que por andar buscándolo a cada rato y con una brújula que parece rota.

No luchamos por alcanzar una venganza contra los genocidas de los años 70, sino simple y concretamente para que se haga justicia con quienes desde el estado y haciendo uso y abuso de sus instituciones cometieron delitos que implicaron la muerte y tortura de muchas personas, o la venta de bebes, o el enriquecimiento de otros, y así podría seguir enumerando conductas impropias.

Sin duda el camino ha sido y es arduo, pero el trajinarlo con compañeros-amigos hace a que la mochila se aliviane.-