El empleo y los salarios como variables de ajuste: recortes en 2016, perspectivas para 2017
ACTA presenta el informe de coyuntura elaborado conjuntamente por la Secretaría de Formación de la CTA Autónoma y el Observatorio del Derecho Social. El presente trabajo fue aprobado por la conducción nacional de la Central reunida el pasado martes en su sede de la calle.
1. Los fundamentos económicos del gobierno de Cambiemos
El análisis de la evolución del mercado de trabajo durante el primer año del gobierno de Cambiemos requiere dar cuenta del punto de partida y de las tensiones que la economía argentina venía mostrando al menos desde el año 2012. Desde ya que ello excede los límites de este documento. Nos basta decir aquí que en los primeros meses de su gestión el nuevo gobierno adoptó una serie de medidas que muestran una ruptura con gran parte de las regularidades económicas que se venían apreciando durante los años previos.
Entre ellas deben citarse la devaluación de la moneda acompañada por la eliminación y/o reducción de las retenciones a las exportaciones; el retorno de Argentina a los mercados de capitales para tomar fondos mediante la emisión de títulos públicos (con el pago a los fondos buitre como medida inicial); la instalación de una estrategia de metas de inflación en el Banco Central y la elevación de la tasa de interés como principal herramienta de política monetaria; la reducción significativa de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos; la eliminación de las trabas para la remisión de utilidades de las empresas multinacionales a sus casas matrices; la eliminación de trabas al ingreso de capitales financieros; la reducción de las trabas para la importación.
No entraremos aquí en la discusión acerca de la sustentabilidad del modelo económico vigente hasta el año 2015, y las alternativas que se debatieron durante la campaña electoral. Como adelantamos, al menos desde el 2012 los límites se hicieron cada vez más importantes, discusión que en parte quedó trunca luego del triunfo de Cambiemos en las elecciones del año 2015.
La lectura de las principales medidas económicas adoptadas por el Gobierno Nacional a lo largo de su primer año permiten identificar a los sectores ganadores dentro de las distintas fracciones del capital: los productores de materias primas (fundamentalmente el agro pampeano, el sector minero y la industria del petróleo) y el sector financiero (local e internacional). Se trata de sectores que si bien habían registrado altos niveles de ganancias durante la década anterior, en los últimos años presionaban por la implementación de nuevas medidas que les asegurasen un relanzamiento de su ciclo de acumulación.
Como contracara de ello, en el modelo económico de Cambiemos el salario (y por ende el trabajo) ha perdido importancia como componente de la demanda agregada, y por ende el límite de la caída de la masa salarial (puestos de trabajo y salario real) está más vinculado a la sustentabilidad política y social del gobierno (es decir, a los niveles de conflicto) que a su reproducción económica. Ello explica en parte la evolución de los principales indicadores económicos durante el 2016 y da cuenta de los desafíos que se presentan para el año entrante.
2. El ajuste como dato distintivo del 2016: el empleo y los salarios
Como ya hemos señalado en numerosas oportunidades, el año 2016 presentó una fuerte caída del empleo y de los salarios reales. Veamos aquí tan solo los números agregados y las principales tendencias.
2.1. El empleo
2.1.1 El empleo registrado
En materia de empleo, la mayor cantidad de pérdidas de puestos de trabajo se concentró durante el primer semestre del año. Entre noviembre de 2015 y julio de 2016 los datos oficiales (SIPA–MT) dan cuenta de una caída de 131.764 trabajadores registrados en el sector privado. Desde entonces, los datos oficiales muestran un crecimiento en términos absolutos (62.135 trabajadores entre julio y noviembre), cifra que ha sido resaltada en varias oportunidades por el Presidente y el Ministro de Trabajo. Sin embargo, los mismos datos muestran que todo ese crecimiento se debió a factores estacionales.
En efecto, la serie desestacionalizada que publica el Ministerio de Trabajo muestra que el empleo registrado en el sector privado dejó de caer en el mes de junio, pero que desde entonces se ha mantenido sin mayores variaciones (ver el siguiente gráfico). Más aún, el adelanto del mes de diciembre proveniente de la Encuesta de Indicadores Laborales del MT estaría dando cuenta de una nueva caída que incluso iría más allá de los factores estacionales.
Empleo registrado en el sector privado (serie original y desestacionalizada)
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Trabajo-SIPA
2.1.2. El empleo no registrado (“en negro”)
Junto a la degradada evolución del empleo registrado, la persistencia del trabajo no registrado (“en negro”) continúa vigente.
El 33,8% de los asalariados continúa en esta situación, con valores superiores al promedio en las regiones Noreste, Noroeste y Cuyo, así como en la región Gran Buenos Aires (que incluye Ciudad de Buenos Aires) donde el trabajo no registrado pesa sobre todo en los Partidos del Conurbano. También es de destacar que el trabajo no registrado incide más fuertemente en las grandes ciudades (aglomerados de más de 500.000 habitantes) que en los aglomerados menores.
Si bien la precariedad se da en todos los ámbitos del aparato productivo, hay sectores que se ven afectados con más fuerza, tales como el de las trabajadoras en casas particulares, principalmente mujeres, que presentan casi el 76 % de trabajadoras no registradas.
Asalariados no registrados (sin descuento jubilatorio), por Región (% de asalariados) 3er trimestre 2016
Sobre este punto hay que señalar que se dice generalmente que la distribución está desvirtuada por la subdeclaración de ingresos, es decir que la población oculta sus reales ingresos, por lo que aparecen sectores falsamente desposeídos. Muy por el contrario. Hay efectivamente subdeclaración de ingresos, pero la misma se concentra en los estratos de mayores ingresos.
La consecuencia es que si esos sectores declararan efectivamente sus ingresos reales, la inequidad sería muchísimo mayor, concentrando en lugar del 61,1% una porción mucho mayor del ingreso. En síntesis: lo que muestra esta distribución es el piso de la inequidad imperante.
Mirando al interior de los/as trabajadores/as, se puede ver que la concentración se repite en el caso del conjunto de los ocupados, al igual que en el ámbito del trabajo asalariado.
El conjunto de ocupados encierra principalmente a los asalariados y a los cuantapropistas. Los cuentapropistas están constituidos por los trabajadores independientes que pueden responder al modelo antiguamente imperante de movilidad social ascendente por medio de establecerse autónomamente, pero también contiene a los cuentapropistas de subsistencia, lejanos a ese modelo, y que comparten los bordes extremos de la precariedad laboral de los asalariados de mayor degradación laboral.
Estos últimos conjuntos marginales, -por su naturaleza, pero no porque sean pocos-, se ubican por supuesto en la base de la escala de remuneraciones.
Empezando por los de menores ingresos, el 40% de los ocupados tiene, en promedio, una remuneración mensual de $ 4.122. El 40% siguiente tampoco se coloca en niveles espléndidos dado que su promedio es de $ 10.916 mensuales. Estos dos promedios, caracterizan entonces al 80% de los trabajadores/as, ya sean asalariados/as o cuentapropistas.
En el caso de los/as asalariados/as, el principal diferenciador es la condición de precariedad laboral. Si consideramos como indicador de precariedad laboral a la condición de no registración, en base a la inexistencia de descuento jubilatorio, se ve que la proporción de trabajadores no registrados (“en negro”) es de 33,4% (segundo trimestre). Por el contrario, dichos asalariados precarios participan en la masa salarial con menos del 18%, es decir en una proporción mucho menor que el peso de su grupo.
Asalariados/as precarios/as y no precarios/as según su participación en el ingreso. 2do trimestre 2016
Sobre este punto hay que señalar que se dice generalmente que la distribución está desvirtuada por la subdeclaración de ingresos, es decir que la población oculta sus reales ingresos, por lo que aparecen sectores falsamente desposeídos. Muy por el contrario. Hay efectivamente subdeclaración de ingresos, pero la misma se concentra en los estratos de mayores ingresos.
La consecuencia es que si esos sectores declararan efectivamente sus ingresos reales, la inequidad sería muchísimo mayor, concentrando en lugar del 61,1% una porción mucho mayor del ingreso. En síntesis: lo que muestra esta distribución es el piso de la inequidad imperante.
Mirando al interior de los/as trabajadores/as, se puede ver que la concentración se repite en el caso del conjunto de los ocupados, al igual que en el ámbito del trabajo asalariado.
El conjunto de ocupados encierra principalmente a los asalariados y a los cuantapropistas. Los cuentapropistas están constituidos por los trabajadores independientes que pueden responder al modelo antiguamente imperante de movilidad social ascendente por medio de establecerse autónomamente, pero también contiene a los cuentapropistas de subsistencia, lejanos a ese modelo, y que comparten los bordes extremos de la precariedad laboral de los asalariados de mayor degradación laboral.
Estos últimos conjuntos marginales, -por su naturaleza, pero no porque sean pocos-, se ubican por supuesto en la base de la escala de remuneraciones.
Empezando por los de menores ingresos, el 40% de los ocupados tiene, en promedio, una remuneración mensual de $ 4.122. El 40% siguiente tampoco se coloca en niveles espléndidos dado que su promedio es de $ 10.916 mensuales. Estos dos promedios, caracterizan entonces al 80% de los trabajadores/as, ya sean asalariados/as o cuentapropistas.
En el caso de los/as asalariados/as, el principal diferenciador es la condición de precariedad laboral. Si consideramos como indicador de precariedad laboral a la condición de no registración, en base a la inexistencia de descuento jubilatorio, se ve que la proporción de trabajadores no registrados (“en negro”) es de 33,4% (segundo trimestre). Por el contrario, dichos asalariados precarios participan en la masa salarial con menos del 18%, es decir en una proporción mucho menor que el peso de su grupo.
Asalariados/as precarios/as y no precarios/as según su participación en el ingreso. 2do trimestre 2016
Desde otro ángulo, es de señalar que una fuerte proporción (75,6%) de los trabajadores precarios ganan hasta $ 8.000, mientras que los no precarizados se incluyen hasta ese monto de salario en un 22,8%.
Las referencias obligadas son los valores de las canastas requeridas como mínimo para no caer en la pobreza o en la indigencia. En efecto, el valor de la Canasta Básica Total, que define el límite para la pobreza, fue, para el mismo período (septiembre), de $ 12.637,53 para un “hogar tipo” .
Esta discrepancia entre los montos salariales y los valores de costo de las canastas requeridas para no caer en la pobreza muestran una vez más, que el trabajo ha dejado de ser el medio idóneo para mantenerse fuera de la ella.
De hecho, la medición de la pobreza del 2° trimestre, que mostró un 32,2% de las personas en situación de pobreza, también evidenció que la brecha de la pobreza, es decir cuánto le falta a cada hogar pobre para no serlo, era, en promedio, de $ 4.800 por hogar.
El salario de los/as trabajadores/as registrados no cubre las canastas preestablecidas y en el caso de los/as trabajadores/as precarios la distancia se vuelve abismal, descalificando el trabajo, en las condiciones vigentes, como estrategia efectiva de supervivencia económica. El viejo precepto de que se sale de la pobreza encontrando trabajo dejó de tener vigencia.
Referenciados en el Salario Mínimo, Vital y Móvil, de módicos $ 7.560 al final del trimestre, igualmente se registra discrepancia entre el salario percibido y dicho SMVM, en un conjunto importante de los/as trabajadores/as.
En términos evolutivos, el año 2016 culmina con una caída del 6% en promedio para los trabajadores registrados del sector privado. Esta caída habría sido aún más importante en el caso de los trabajadores del sector público y en los jubilados y pensionados, quienes habrían experimentado un retroceso en torno al 8% anual.
3.Discriminación laboral y vulnerabilidad social
3.1 Las mujeres
Las mujeres participan en el mercado de trabajo en el marco de la dinámica general descripta. Sin embargo, la mayoría de los determinantes y discriminantes actúan aún con más fuerza sobre las mujeres.
Así es que, por ejemplo, frente a una tasa de desocupación abierta de 9,3% en el 2° trimestre, la de los varones fue 8,5% mientras que la de las mujeres ascendió a 10,5%. Si dentro de cada condición se enfoca por edad, veremos que así como se polariza para varones y mujeres, esto se agudiza si miramos las edades más jóvenes. De hecho, las mujeres jóvenes, de hasta 29 años, tienen una tasa de desocupación de 20,8%.
3.2 Los/las jóvenes
Los/as jóvenes en general se han visto estigmatizados/as muy fuertemente por el discurso que los/las señala como los “Ni Ni” (no trabajan ni estudian), deslizándose rápidamente ese discurso hacia visiones delincuenciales.
De hecho, la mayoría de los jóvenes “Ni Ni” son mujeres, muchas de ellas con responsabilidades importantes en la organización doméstica, al igual que los varones, aunque éstos en menor proporción.
El hecho decisivo es que un importante conjunto de ellos/as está en la pobreza, pero aquellos/as jóvenes que son pobres son los/as que más alta tasa de desocupación tienen.
Es decir que, en el discurso, más vale cambiar la expresión “no trabajan” (que remite habitualmente a la holgazanería y a la delincuencia) por “no consiguen trabajo”, ya que los datos muestran que buscan muy intensamente un puesto de trabajo.
3.3. Los niños/niñas
En el marco de carencias descripto, por supuesto los niños, niñas y adolescentes son víctimas principales de la explotación directa o indirecta a que son sometidas sus familias. De hecho, los datos muestran que casi la mitad de los niños y niñas hasta 14 años están en hogares pobres. Si bien la pobreza para el conjunto de la sociedad es del 32,2%, los hogares pobres contienen más niños/as que los no pobres, por lo cual la pertenencia a la pobreza en el caso de nuestros pibes/as es mayor que en caso de los adultos.
Es en este contexto objetivo, articulado con el discurso “Ni Ni” mencionado para el caso de los jóvenes, que se instala el propósito de bajar la edad de imputabilidad.
3.4. Los/las migrantes
Renovado actualmente el discurso anti-migrante, debe recalcarse, como en distintos momentos, que la presencia de contingentes migratorios no afectan el mercado de trabajo local. Si bien el/la migrante se ve fuertemente afectado/a por sus condiciones de inserción (talleres clandestinos, superexplotación, etc.) no incide cuantitativamente en las tasas de empleo, de desocupación ni ninguna expresión significativa que de cuerpo al retrógrado argumento de “nos vienen a quitar el trabajo”.
- Reformas institucionales: de los “ñoquis” a la flexibilización y la productividad
A nivel discursivo el Gobierno buscó desligarse de las consecuencias de sus medidas económicas. Para ello, insistió con la idea de la “herencia recibida” y la inevitabilidad del ajuste. Posteriormente, comenzó a responsabilizar a los trabajadores de los problemas que enfrenta la economía argentina: acusó a los trabajadores del sector público de “ñoquis”; volvió a instalar la idea el “ausentismo” como un problema de las relaciones laborales; y en general se intentó trasladar a los trabajadores los problemas que enfrentan muchas empresas en el país (baja productividad, poca empleabilidad de los jóvenes, etc).
Una consecuencia de este intento discursivo fue la reinstalación del debate en torno al modelo de negociación colectiva, donde el propio ministro de trabajo destacó que habría que ir hacia ámbitos más descentralizados de discusión entre trabajadores y empleadores. Sin embargo, al menos hasta este momento dicho intento no solo no fue exitoso, sino que tampoco se plasmó en iniciativas concretas. Por el contrario, el Gobierno Nacional parece haber iniciado un “plan B” en el que se mantienen formalmente las negociaciones por rama de actividad, pero en las que se busca imponer mayores niveles de flexibilidad e, incluso, mayores delegaciones hacia los niveles inferiores de la estructura de la negociación colectiva (algunos avances en este sentido se han registrado en la actividad del petróleo y en el sector marítimo). De hecho, en ese contexto, la centralidad de la discusión salarial se ha visto moderada y en parte subordinada por embates muy potentes sobre las condiciones de trabajo y la precarización del empleo.
En paralelo, el Gobierno Nacional ha avanzado con otras iniciativas muy demandadas por el sector empresario, habiendo concretado la modificación de la LRT a través de un DNU, empeorando aún más el sistema que ya había sido reformado en el año 2010. Otras discusiones, como la reducción de aportes patronales y la sanción de una ley de primer empleo, han quedado pendientes para el 2017.
- Perspectivas para el 2017
5.1 Ellos
La posición del Gobierno Nacional de cara al 2017 se encuentra condicionada por dos factores que pueden operar con direcciones contrapuestas.
En primer lugar, resulta claro que intentarán consolidar el ajuste salarial que tuvo lugar en el año 2016. La negociación salarial celebrada entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y UPCN (18% en cuatro cuotas trimestrales con una cláusula gatillo) constituye el primer paso. A ello deben sumarse las recientes declaraciones efectuadas por los funcionarios nacionales y por muchos gobernadores provinciales, que adelantaron su postura en torno a que los acuerdos salariales no deberían ir más allá de dicho porcentaje que, a su vez, está en línea con la pauta de inflación futura fijada por el Banco Central (12% – 17%). En otras palabras, en el mejor de los casos el Gobierno Nacional aspira a que el ritmo de actualización salarial sea equivalente al ritmo de aumento de los precios, cristalizando la caída salarial registrada en 2016.
En segundo lugar, el factor político también jugará un papel importante a lo largo del año. La evolución de la economía y del mercado de trabajo no serán ajenas a la necesidad del Gobierno Nacional de revalidarse en las elecciones de medio término (las PASO deberían realizarse alrededor del mes de agosto). En dicho sentido, dicha intención no sería viable si se repitieran los principales indicadores que se registraron durante el 2016.
Compatibilizar ambas necesidades (económica y política) será el desafío de la alianza de gobierno para el año en curso. Nos limitaremos aquí a las alternativas en danza referidas a cuestiones económicas o del mundo del trabajo. En efecto, es posible que el Gobierno Nacional insista con herramientas vinculadas al endeudamiento (público y privado) que le permitan hacer compatible, al menos en el corto plazo, una estrategia de congelamiento del salario real con incrementos de los niveles de consumo (en otras palabras, trasladar una parte del “ajuste” hacia el futuro”). Al mismo tiempo, también intentarán avanzar con reformas institucionales que apuntan a disminuir los costos laborales, ya sea por vías directas o indirectas.
Este último punto será particularmente importante durante el año en curso y al menos es posible identificar dos dimensiones sobre las que operará: por un lado, mediante reformas legislativas (cambios en la LRT, ley de primer empleo, reducción de aportes patronales, etc); por el otro, mediante la introducción de modificaciones a los CCT de actividad, flexibilizando aún más las relaciones laborales (ya sea por la vía de la eliminación de derechos actualmente reconocidos, ya sea a través de cambios en la organización del trabajo que impliquen mayores niveles de explotación).
5.2 Nosotros
En el contexto de la política oficial en curso, nuestra responsabilidad como Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma supone el compromiso con las siguientes líneas de acción:
Reconocer que la situación de los/las trabajadores/as está atravesada por múltiples determinaciones objetivas, que en su esencia no han cambiado significativamente en muchos años, y que en el período reciente continúan y se agravan en muchos aspectos
Desmontar la construcción política e ideológica del gobierno en cuanto a plantear a los/as trabajadores/as el dilema de elegir empleo o salario, ante la demostración de que el viejo precepto de que con trabajo se sale de la pobreza dejó de tener vigencia. Empleo y salario se ordenan en la misma dirección y la lucha por el empleo es también lucha por el salario y viceversa.
Enfrentar el ajuste en curso de manera integral, con todas las herramientas propias de nuestra Central, profundizando la organización y la democracia sindical.
Romper el techo salarial que se pretende imponer en el marco de las paritarias sectoriales para el año.
Enfrentar los embates sobre las condiciones laborales y rechazar la progresiva precarización del empleo que se pretende implementar.
Rechazar la criminalización de sectores vulnerables de nuestra sociedad como los migrantes, a tono con la tendencia que se impulsa desde el gobierno norteamericano para la Región; como los/as jubilados/as amenazados/as por la nueva depredación de la Anses y el corrimiento de la edad jubilatoria para los activos; y como la de nuestros/as niños/as y adolescentes, a través del lanzamiento de la política de la baja de la edad de imputabilidad.
Articular acciones reivindicativas de los derechos de las mujeres, en particular las que se plantean en su carácter de mujer trabajadora.
Reafirmar nuestro compromiso con las banderas de los Derechos Humanos, rechazando las claras muestras de retrocesos en ese campo.
Impulsar, fortalecer y profundizar la unidad, a través de la articulación y unificación de las luchas que llevan a cabo distintas organizaciones, de nuestra Central o fuera de ella, y/o trabajadores/as que buscan organizase para enfrentar el ajuste.
Fuente: http://www.agenciacta.org
