ATE advierte que la provincia le abre la puerta a la privatización de los comedores escolares

Díaz sostuvo que “la gobernadora María Eugenia Vidal tomó la decisión de invitar a los municipios a hacerse cargo del SAE y en la letra del decreto se plantea la transferencia de recursos hacia las comunas quienes, a su vez, deben hacerse cargo del personal”.

Frente a esta situación, el dirigente cuestionó que “la medida choca con los derechos de los auxiliares de la educación, y las consecuencias de esta medida son imprevisibles. Por ello ATE rechaza la decisión tomada por Vidal y, como dijimos en noviembre, si la decisión está basada en combatir hechos de corrupción la provincia tiene instrumentos para hacerlo que no sean estos”.

“Esta acción gubernamental afecta los derechos de los trabajadores bajo la excusa de la búsqueda de transparencia. Pero los derechos que hemos adquirido mediante la lucha no estamos dispuestos a resignarlos”, advirtió.

Además, Díaz evaluó que “existe el riesgo que esta disposición le abra la puerta a la privatización del SAE. Sumado a que la medida es de dudosa legalidad ya que la Constitución provincial establece, en su artículo 203, que la administración de los servicios educativos en el ámbito de competencia territorial distrital estará a cargo de los Consejos Escolares, como así también en la Ley Provincial de Educación en su artículo 147. Mientras que el artículo 246 del Reglamento General de Instituciones Educativas dice el SAE es responsabilidad de los organismos provinciales específicos, es decir de la Dirección General de Cultura y Educación y del ministerio de Desarrollo Social”.

Finalmente, Díaz señaló que “mientras el gobierno de la provincia de Buenos Aires habla de inclusión y de un sistema público de calidad, descentraliza el SAE, precariza las relaciones laborales, lleva adelante descuentos en Desarrollo Social y despidos como ocurre en Educación y Salud. La gobernadora Vidal lejos de apuntar hacia la calidad y la inclusión no cumple con los compromisos asumidos, a lo que hay que sumarle el incumplimiento -pese a la palabra empeñada- de pases a planta de los trabajadores que se encuentran precarizados”.