«Mortalidad Materna, Abortos y Cesáreas: tres interpelaciones demoradas»

Los autores del libro «Mortalidad Materna, Abortos y Cesáreas: tres interpelaciones demoradas», que forma parte de la serie «Cuadernos para Volver a Carrillo», Mario Borini y Luis Migueles, realizaron una presentación del informe en el Consejo Directivo Nacional de ATE. De la mesa de exponentes y oradores participaron la obstétrica Marcela Elola, quien trabaja en el Hospital de Villa Constitución, Santa Fe, la periodista y presidenta de la Asociación Vos Podes, Rosario Hasperué y la escritora y activista uruguaya Hekatherina Delgado.

El secretario General de ATE Nacional Hugo «Cachorro» Godoy afirmó que «este no es un esfuerzo intelectual, es la capacidad que tenemos los trabajadores de construir conocimiento propio, de construir fuerza propia y capacidad de propuesta para salir a construir otra sociedad. Con este tipo de actividades demostramos que los trabajadores somos capaces de construir iniciativas de debates, de construcción, de propuestas que puedan cambiar la historia».

Por su parte Marta Galante, directora del Departamento de Género ATE Nacional, agredeció a «los compañeros del IDEP porque nos dieron esa participación que necesitamos para que nos visibilicen, para seguir transitando por este camino en la recuperación y conquista de nuestros derechos».

En su intervención Luis Migueles, coautor del libro, aclaró que «la anticoncepción no está directamente relacionada con la mortalidad materna baja, de hecho Argentina, que tiene una taza de anticoncepción muy alta, tiene un nivel de mortalidad materna mayor al de España, cuyo nivel de anticoncepción es menor al de nuestro país».

En cuanto a la credibilidad de los registros en Argentina Migueles aclaró que «en el país tenemos registros de mortalidad materna que hacen dudar de la veracidad de esos valores, la provincia de San Luis es un ejemplo, ya que en 2009 la mortalidad materna era de 98 y pasó a cero en el año 2013. La mortalidad materna varía por regiones, pero no es por una cuestión geográfica, sino que se trata de provincias o regiones que tienen diferencias socio-económicas».

Asimismo Mario Borini, el otro autor del informe, indicó que no se puede disociar y preguntar si este es un tema político o un tema técnico, «nosotros tenemos la obligación de saber que es un tema político. Estamos enormemente distantes de poder aplaudir cualquier avance que se quiera arrogar el poder gobernante, porque es una verdadera calamidad y vergüenza que en Argentina lleguemos a multiplicar por diez las tazas que tienen los países que menos taza de mortalidad materna tienen en el mundo».

«Muchas de las complicaciones y muertes ocurren en la institucionalización, y la Argentina muestra orgullosamente que tiene casi el cien por ciento de partos institucionalizados, nos tenemos que preguntar ¿como nosotros que logramos institucionalizar los partos en ese nivel tenemos muchas mas muertes maternas que los países que tienen el 40 por ciento de partos institucionales como son Dinamarca y Holanda? Evidentemente tenemos un sistema de salud que no funciona».

«Si nosotros no readquirimos la cultura del parto bien hecho, con los medios mínimos necesarios para un buen parto de la madre y un buen nacimiento del hijo, estamos llevados de la nariz por la industria, por los sanatorios y por el sistema de atención que no se autocritica» sentenció Borini.

Por otra parte la obstétrica Marcela Elola, mencionó que cuando se institucionalizaron los partos se logró bajar la taza de mortalidad materna. «Pero empezamos a tener errores en la institución, empezamos a decirle que tenía que hacer la mujer, cosa que antes no se le decía que tenía que hacer fuerza para parir, se dejó de empoderar a la mujer hacia el parto, y eso empezó a acarrear problemas».

Elola contó que en los hospitales públicos de Santa Fe, como sucede en muchos hospitales públicos de distintas regiones del país, las guardias de los obstetricos son de 24 y 36 horas, en las cuales se realizan controles de embarazo, es el mismo personal el que hace las internaciones, las consultas de urgencia, derivaciones, todo esto en la misma guardia.

Lo único que se logra de esta manera es una deficiencia en el control prenatal, «dejamos de hacer promoción y prevención por abocarnos en controles básicos de tamaño, peso, y análisis de rutina que a veces son innecesarios. A veces, depende el médico obstetra que tengamos en guardia para atender la urgencia, tenemos que terminar el parto antes de determinada hora, y tenemos que realizar una cesárea innecesaria» confesó la obstétrica.

Rosario Hasperué, por otra parte, informó que la institucionalización «nos transformó en pacientes, en tener que ser enfermas y compartir el espacio en un hospital con la muerte y la enfermedad, que están al lado. Nos transformó en tener que esperar órdenes, de separarnos de nuestros seres queridos, del compañero que gestó esa vida, de la persona con la que queramos estar en ese momento».

«Nos separan, nos aíslan, nos acuestan, nos ponen suero, nos hacen infinidad de tactos personas que nunca vimos, nos intervienen. Y en esa cascada de intervenciones, porque una intervención lleva a la otra, termina en el 30 por ciento en el sistema público, y casi el 7o por ciento en el sistema privado, en cesárea. Las mujeres no somos números en un hospital, tenemos sentimientos, y como tales debemos ser respetadas» afirmó Hasperué.

Existen leyes que regulan el accionar sobre las mujeres que están dando a luz, está la ley 29.999, del año 2004, de Parto Respetado, está también la ley contra la violencia hacia las mujeres que reconoce que una de las modalidades de violencia es la violencia obstétrica, la cual en muchos casos termina en mortalidad materna. La contra cara del parto respetado es la violencia obstétrica, con la particularidad de que está naturalizada, entonces se invisibiliza esa violencia.

«Para que todo esto cambie es necesario que cambiemos la sociedad toda, tenemos que cambiar las madres, las hermanas, las amigas, las abuelas, y por supuesto tienen que estar los compañeros», finalizó Hasperué.

Por último Hekatherina Delgado, activista uruguaya, desarrolló sobre la situación del aborto en el país vecino. Sobre la legalidad de las prácticas abortivas aclaró que «el aborto en Uruguay sigue siendo un delito penal. Una mujer para realizarse una interrupción voluntaria del embarazo debe pasar por un proceso donde la ve un médico, un equipo interdisciplinario con un psicólogo, un trabajador social y la van a mandar a pensar cinco días a la casa. Esto no es menor, porque las cifras que tenemos muestran que las mujeres no dudamos tanto, que infantilizarnos es una cuestión machista que no tiene sentido, es una cuestión de poder básicamente».

«Muchas veces las mujeres se realizan abortos clandestinos porque se atrasan los plazos, y muchas de esas intervenciones clandestinas pueden terminar en una mortalidad materna. Un triste ejemplo es el de la mujer que falleció en febrero de este año luego de realizarse un aborto clandestino. Esto claramente pasa por falta de comunicación y difusión, no hay por parte del Estado información pública, telefónica, gratuita sobre el servicio de interrupción voluntaria del embarazo para las mujeres uruguayas», concluyó Delgado.

Matías Blanco Panno

Prensa CTA Buenos Aires