-¿De qué se trata esta modificación a la Ley de Hidrocarburos?
Lo primero que me gustaría decir es que acaba de salir una encuesta que hizo la Consultora Poliarquía sobre el desarrollo de Vaca Muerta. La encuesta dice que seis de cada diez argentinos quieren que se desarrolle Vaca Muerta.
Esto significaría que un altísimo nivel de los encuestados sabe sobre Vaca Muerta. Si esto fuera así, si fuera cierto, sería una buena oportunidad para que este Gobierno nacional ponga en marcha la democracia participativa y convoque a un plebiscito y le pregunte al pueblo, que será el que va a sufrir las consecuencias o va a gozar de los beneficios de esa explotación, qué quiere hacer con el reservorio hidrocarburífero no convencional de Vaca Muerta. Si están tan convencidos de que el pueblo está de acuerdo, lo importante, lo interesante sería que se lo consulte al pueblo en un plebiscito. A ver si se animan a tener en cuenta la opinión del pueblo como corresponde.
La verdad que lo que se está discutiendo hoy con el nuevo proyecto de Ley de Hidrocarburos, para nosotros, es la tendencia a profundizar el saqueo que puede durar 30, 50, 100 años más. Hay una discusión que no es de cara, es de espaldas al pueblo; es una discusión sobre el futuro de la política hidrocarburífera que tiende a modificar la Ley vigente y que cualquier modificación que se haga, en términos generales, va a ser superadora porque lo que está vigente es una ley de la época de Onganía, de Krieguer Vasena. Así que cualquier modificación puede terminar siendo buena en términos generales.
Ahora, pareciera que explotar Vaca Muerta, extraer los hidrocarburos no convencionales tanto de petróleo como de gas, parece que es la promesa de felicidad eterna. Esto me hace acordar un poco a la década del ’90 cuando se planteaba que la privatización nos ponía en la pista del despegue para ingresar al primer mundo, y así nos fue.
Es una cuestión entonces que hoy se está discutiendo entre el Gobierno nacional con la participación de YPF S. A., no estatal, no pública, no de bandera nacional, en el sentido de que no es una Sociedad de Estado; y los gobiernos provinciales, un poco los jeques de la Argentina que son diez gobernadores. Esta discusión que se está dando entre ellos, a espaldas del pueblo, es la discusión por quién se queda con la mayor tajada de la renta; es una discusión que se basa en la necesidad de recuperar el autoabastecimiento. Están dispuestos a llevar adelante inclusive contratos, acuerdos, concesiones al estilo de lo que se hizo con Chevron. Inclusive tiene cláusulas secretas que todavía el pueblo argentino desconoce, no ha tenido la suerte ni la oportunidad de saber de qué se trata.
Otro aspecto que uno podría mencionar en esta discusión es que pareciera que la decisión de ir sobre los no convencionales y desarrollar el fracking como instrumento de obtención del petróleo y el gas, no tuviera ningún tipo de inconvenientes en el mundo. Se lo plantea como algo que se puede llevar a la práctica y entonces no se habla de la cantidad de millones de litros de agua que se necesitan por pozo, no se dice de la posibilidad de contaminación, no se habla de los sismos que esto produce como está sucediendo en alguno de los estados de Estados Unidos; tampoco de la utilización del ingreso a presión de arena, químicos que son alrededor de 500 y que algunos ni siquiera se conocen sus componentes y que son los que provocan la contaminación del agua, de los animales, de los seres humanos. Nada de esto se dice, nada de esto se habla, y en todo caso esto se trata de disfrazar o de limpiar, a los efectos de tratar de que nadie conozca las consecuencias que puede originar.
-Lo que se está discutiendo es sobre los recursos de nuestras provincias
Como la propuesta del Gobierno de la nueva Ley tiene modificaciones y esas modificaciones establecen nuevos criterios de alcance nacional que podría ponerle límites a los procesos de edificación de las áreas petroleras y gasíferas, sobre todo límites a la renta que tienen las provincias, es por esta razón que se ha desarrollado este debate y esta confrontación entre cuatro paredes entre el Gobierno nacional, las provincias petroleras, los gobernadores de las provincias petroleras y la propia YPF S. A..
La idea es que el Gobierno nacional quiere suprimir determinadas modalidades contractuales, como es el tema de este procedimiento denominado “acarreo”, y que es un mecanismo donde las provincias pueden terminar captando porciones adicionales de renta, porque actúan como pequeños socios tanto de YPF como de los propios Grupos Multinacionales que desarrollan proyectos de exploración, de explotación y no necesitan desembolsar el capital.
Ahora, este esquema es el que el Gobierno nacional intenta ponerle fin y obviamente esto genera una resistencia tanto de Neuquén, Chubut, Mendoza, en fin, de distintas provincias; y por otro lado también hay una decisión de profundizar las condiciones que se van a establecer para el desarrollo de la explotación y de la exploración a gran escala de lo no convencional. Ustedes recuerden que para el acuerdo con CHEVRON se puso en marcha un Decreto, el 929, que establecía una serie de condiciones para que se llevara adelante ese acuerdo. Y ahora la idea es que van a establecer nuevas condiciones. Por ejemplo, una sería extender las concesiones a 35 años con una posibilidad de prórroga de 10 años más. Actualmente, la Ley de Hidrocarburos convencionales es por 25 años, y este tipo de concesiones sería por un plazo mucho más extendido. Además, con el desarrollo y la implementación de la técnica del fracking hay un escenario que es sumamente preocupante y donde evidentemente acá no se está discutiendo nada que tenga que ver con el medioambiente, ni con las situaciones de los pueblos originarios.
Después, la otra cuestión es que hay que entender que todas las concesiones terminan en el 2016, 2017 y en algunos casos, como las que fueron prorrogadas hasta el 2047 como fue la Panamerican Energy rubricada por el propio Kirchner, o Loma de La Lata por De La Rúa. También en ese sentido significa una modificación de fondo. Cuando vino Chevron e hizo el acuerdo con la Argentina había que invertir 1.000 millones de dólares para poder hacer el desarrollo; ahora la exigencia va a ser mínima: 250 millones de dólares para acceder a lo que sería la posibilidad de pauta mínima de inversión.
-¿La Ley de Hidrocarburos contempla algún resguardo en cuanto a lo ambiental?
No, esto último del medioambiente lo han dejado pasar, y tienen que entender que todo lo que se conoce a través de los trascendidos es a través de las publicaciones que están realizando algunos especialistas, que van tomando conocimiento de esta discusión y de estas propuestas; y también de los medios del establishment que van comunicando este debate. Y no hay un debate puesto de cara al pueblo, acá no se está resolviendo la soberanía en función de los intereses del pueblo argentino, acá no se está debatiendo para que la gente tenga acceso a la energía y pueda vivir con dignidad, que pueda acceder al agua, al gas y a la electricidad como una forma base de sustento digno.
No, acá lo que se está resolviendo son los beneficios para los Grupos Multinacionales que son los que están ávidos de ingresar a esta formación geológica para quedarse con nuestra riqueza, como lo hicieron en la década del ’90. Y también hay que decir que no en vano ha pasado por aquí la representación de Estados Unidos, la de Rusia y la de China. Estados Unidos viene con Chevron que es la representante más importante y significativa que tiene en el desarrollo del fracking en todo el mundo, y viene porque tienen la necesidad de quedarse con los recursos energéticos de todos los lugares que sean posibles. También tiene que ver con el desarrollo de una política bélica que está sustentada en mantener en sus manos el poder sobre las riquezas energéticas, en particular del petróleo porque no hay hasta el día de hoy ningún estudio de laboratorio ni ninguna energía alternativa que tenga la capacidad de suplir al petróleo en sí mismo ni tampoco a los 3.000 derivados del petróleo. O sea que, tengamos en cuenta que esto se está haciendo en realidad para garantizar a los Grupos Multinacionales mejores condiciones de explotación, y mayores posibilidades de que puedan remitir esta riqueza fronteras afuera. Recuerden que en el acuerdo con CHEVRON, al quinto año se le autorizaba a la empresa a exportar el 20% de lo obtenido, y con libertad de hacer con las divisas que obtuvieran de ese 20%, lo que la empresa quisiera. Y además si la empresa no podía exportar ese 20%, Argentina le garantizaba que se lo iban a pagar a precio internacional, a valor dólar para que la empresa no tuviera ninguna pérdida. Tengamos en cuenta que también hay todo un desarrollo de políticas para que no paguen mucha tasa, para que no paguen impuestos. También se dice que en la discusión de este nuevo proyecto de Ley, como ya hay 30 municipios que se han declarado libres del fracking, están tratando de establecer algún articulado que ponga límites a la posibilidad de que los municipios puedan tomar ese tipo de determinaciones, y que sean un impedimento para la implementación de la Ley y para la posibilidad de que los Grupos Multinacionales se instalen en donde decidan.
-¿Es posible desarrollar otra política energética que igual nos traiga beneficios económicos a las provincias y al país?
En primer lugar, hay que pensar que este recurso energético es un bien social que pertenece a todo el pueblo argentino y que además no es una mercancía, no es un commodity, y por lo tanto no se lo puede tratar como se lo ha venido tratando desde la década de los ’90 hasta ahora: como una mercancía. Es por eso que se puede hacer otras políticas y transitar otro camino.
Es más, en Argentina tenemos pendiente una asignatura que es recuperar la soberanía, los argentinos no somos soberanos políticamente hablando. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo de producción que está basado en la re-primarización de la economía, y que está basado en la exportación, en la depredación y en la contaminación. Y estas políticas no las determina el pueblo argentino, no es el pueblo argentino el que decide desarrollar la megaminería, no es el pueblo argentino que discute desarrollar el fracking, no es el pueblo argentino el que discute y decide desarrollar la soja, utilizar el glisfosato generando contaminación. No es el pueblo argentino, por eso no somos soberanos. Esto hay que cambiarlo y para cambiarlo es necesario construir poder propio, es necesario construir desarrollo organizativo de los argentinos. Hay que participar; el problema de la energía es algo que debemos verlo como un derecho humano y además es un problema de todos, no es un problema de los que supuestamente saben, o de los trabajadores del sector, de los técnicos o de los ingenieros. No, este es un problema de toda la gente y creo que eso es lo que hay que resolver.
Ustedes allí todavía tienen subsidios por el tema del gas, pero la situación que vivimos en la provincia de Buenos Aires, podría mencionar la ciudad de Mar del Plata u otros lugares del interior del país, son tremendas. Los incrementos que han venido producto de la quita a los subsidios de la tarifa de gas, están en el orden del 80% y del 500%. Acá hay colas y colas y presentaciones judiciales para tratar de detener este tarifazo, que hay quienes el año pasado pagaban $200.- y este año le vino $1.000.-, o $1.200.-; y si no querés que te corten el subsidio tenés que gastar el 20% menos que gastaste el año pasado, como si eso fuera tan sencillo, como si eso fuera una decisión y una voluntad personal, que uno apaga la calefacción o deja de consumir sin tener en cuenta cuál fue la temperatura el año pasado y cuál es la actual; sin tener en cuenta si en la familia antes hablábamos de un matrimonio y ahora tienen un hijo, o si antes tenían un hijo y ahora tienen dos. En fin, una propuesta que viene de la mano de una política que ha sido el subsidio para mantenerle siempre los niveles de rentabilidad a las empresas multinacionales, pero que finalmente terminamos pagando todos los argentinos, en forma directa o a través de los impuestos pagando al gobierno.
-Si lo convocaran a debatir o hacer propuestas a la Ley de Hidrcarburos: ¿Cuáles serían las modificaciones que propondría?
Está todo desregulado porque hubo tres decretos del gobierno de (Carlos) Menem que estableció la desregulación. Ahora, en ningún gobierno posterior, en todos estos años, casi 30 años, ningún gobierno anuló esos decretos. Todos siguieron gobernando sobre la base de la desregulación, eso quiere decir incluido este Gobierno, eso quiere decir que están de acuerdo con la desregulación, están de acuerdo con un modelo energético basado en la privatización y fundamentalmente en la extranjerización. Y para poder modificar esta situación, lo que necesitamos es cambiar el modelo energético, y para eso hay que recuperar el patrimonio energético argentino a manos del pueblo. Y a partir de ahí, lo primero que hay que hacer es no permitir más la exportación del petróleo, estamos exportando petróleo sin valor agregado, cuando nuestras reservas se han achicado enormemente producto del despilfarro que se viene haciendo desde la década del ’90 a favor de los Grupos Multinacionales. Lo mismo que ha sucedido con el gas, nosotros hasta el 2007-2008 éramos autosuficientes en la energía, desde ese momento dejamos de ser autosuficientes y comenzó la importación de energía; ahora exportamos petróleo crudo sin valor agregado, e importamos gas congelado e importamos las naftas especiales, estamos como en el siglo XVIII: exportamos el cuero de vaca salado e importábamos los zapatos de Francia. Bueno, hay que terminar con esto.
La otra cuestión es que sí, claro que hay que hacer una nueva Ley de Hidrocarburos, pero una Ley que tenga como objetivo central resolver los problemas de los argentinos; volver a establecer la energía como un bien social; y sobre todo ahí sí desarrollar la política que tenga fundamentalmente el objetivo de “para qué” vamos a producir petróleo, “con quién” vamos a producir petróleo y “qué” vamos a hacer con ese petróleo. Porque la idea no es que el petróleo no tiene que estar enterrado porque no sirve para nada, ¡No! El petróleo por ahí tiene que estar produciéndose en una parte, en otra parte enterrado porque acá hay que garantizar el futuro de las venideras generaciones, no somos quienes para quedarnos con toda la riqueza hoy y mañana dejar en situación de necesidades a las futuras generaciones. Y otra medida que también tiene que ver con el uso racional y eficiente de la energía siempre y cuando esté en manos del Estado, hoy eso no se puede llevar a la práctica. Y también se pueden adoptar otras iniciativas y terminar con las concesiones, en todo caso hacer contratos como se hace en cualquier otro lugar del mundo, y esos contratos obviamente tienen que establecer que la renta en manos del Estado no puede ser menor, como comienzo, al 80%. Esto es lo que ha hecho Bolivia, por ejemplo, al recuperar su patrimonio energético: el gas, el petróleo y la electricidad. Por eso hoy Bolivia tiene reservas como nunca antes tuvo en su Banco Central y que puede desarrollar políticas sociales gracias a que se dio vuelta, como se dice, la taba, y ya no se llevan los Grupos Multinacionales toda la riqueza fronteras afuera, sino que dejan al Estado boliviano el porcentaje más importante y significativo porque en definitiva la riqueza es de los bolivianos.
-El gobernador de nuestra la provincia apoya la modificación de la Ley. Lo que él dice es que “desde el punto de vista político cada gobernador hace el juego que le parece”. Se habla mucho de lo que es la autonomía y la soberanía de las provincias. Entonces mi pregunta es: ¿Es verdad que las provincias pierden su soberanía con esta modificación que se pretende hacer?
No, no es que pierdan su soberanía, el problema es que hasta 1994 en que se modificó la Constitución Nacional el recurso pertenecía a la Nación, y las provincias que tenían gas y petróleo formaban parte y obviamente no podían quedar afuera de tener u obtener su rentabilidad. La modificación en 1994 y en el 2006-2007 el kirchnerismo con la Ley Corta cedió a manos de las provincias la decisión sobre qué hacer con el petróleo y el gas, y de utilizarlos como recursos propios. Esto es una aberración en términos de políticas nacionales, entendiendo esto como recurso nacional.
Ustedes nunca van a encontrar a un gobernador de Estados Unidos que esté discutiendo la política del petróleo, no hay ningún gobernador que se siente a discutir con una Multinacional, eso lo hace el gobierno nacional. Acá no hay posibilidad de que los gobernadores se sienten con las empresas multinacionales a discutir la política de qué hacer con el patrimonio que no sólo es de una provincia sino de todos los argentinos; esto es como pretender que el mar pertenece a las ciudades y a las provincias que tienen la suerte de estar a orillas del mar, entonces la riqueza ictícola es solamente de ellos. No, esto es una riqueza de todo el país, de toda la Nación, es de todos los argentinos; lo que sí es cierto es que esas provincias no pueden dejar de tener su rentabilidad, no pueden dejar de tener una consideración especial. Entonces, no es que pierdan, acá lo que se está discutiendo sin llegar a restablecer el recurso como recurso nacional, lo que están discutiendo es quién se queda con la mejor tajada: si el Gobierno nacional o las provincias, y ahí está el problema de esta discusión. Que nada tiene que ver con resolver los problemas de los argentinos, que nada tiene que ver con la soberanía popular, que nada tiene que ver con la soberanía energética; es decir, que nada en definitiva tiene que ver sobre la existencia de una política hidrocarburíferas que contenga el futuro de las venideras generaciones.
Fuente: www.fetera.org.ar
