La CTA Autónoma repudia el pedido de represores de prisión domiciliaria ante la expansión del COVID-19
La CTA Autónoma repudia el pedido de alrededor de 70 represores argentinos implicados en torturas, secuestros, desapariciones, asesinatos y robo de bebes durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar (1976-1983) que solicitaron el beneficio del arresto domiciliario por temor a ser contagiados de coronavirus.
Fuentes de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad confirmaron que hasta el momento ya se fueron a su casa 15 represores, en tanto que una veintena de solicitudes han sido denegadas y decenas de trámites más continúan en los juzgados.
De acuerdo con las cifras oficiales de la dependencia, de las 3.315 personas acusadas en los juicios de lesa humanidad hay 968 condenadas, 156 absueltas, 637 procesadas, 70 indagadas, 544 imputadas, 28 prófugas, 639 fallecidas, 91 sobreseídas y a 182 se les dictó falta de mérito.
Del total de los investigados, solo 913, que representan el 28%, se encuentran detenidos, pero 637 de ellos gozan de arresto domiciliario. Apenas 195 permanecen en las cárceles comunes del Servicio Penitenciario Federal y 81 más en sitios especiales como el predio militar de Campo de Mayo, que está ubicado en las afueras de Buenos Aires y que es exclusivo para represores.
A pesar de que Campo de Mayo cuenta con espacios abiertos y no registra hacinamiento, como las prisiones comunes, los juzgados avalaron las peticiones de varios represores para irse a su casa y no contagiarse de coronavirus, como fue el caso de los expolicías Juan Nazareno Risso, Ramón Carlos Velasco y Walter Omar Ale, quienes fueron capturados en noviembre del año pasado.
La CTA repudia estas medidas que van en contra del pedido histórico de Cárcel común y efectiva para los represores y exige que siga siendo denegado el pedido de prisión domiciliaria de Miguel Etchecolatz y Alfredo Astíz y de todos los represores.
Fuente: Equipo de comunicación de la CTA-A Nacional
