La AJB denuncia la emergencia edilicia y precarización laboral

La puesta en funcionamiento de la Sala II de la Cámara Penal del Departamento Judicial de Dolores pone en evidencia los serios problemas estructurales que afectan al Poder Judicial.

El próximo 22 de agosto se pondrá en funcionamiento la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Dolores, a pesar de que no contará con el espacio físico adecuado para su funcionamiento, ni una planta de personal propia.

Mediante la resolución 1459/19, la Suprema Corte de Justicia bonaerense dispuso que ambas salas compartan la planta funcional de las y los trabajadores administrativos, en función de que el inmueble no cuenta con el espacio necesario para incorporar personal.

Al respecto, Celia Lorente, secretaria general de la AJB departamental expresaba: “Esta disposición viene a profundizar aún más el ajuste y la precarización laboral de las y los trabajadores judiciales. La Suprema Corte decide de manera inconsulta y arbitraria consolidar un modelo de justicia que afecta a trabajadores y justiciables por igual, ya que avanza en la creación de un nuevo organismo sin tener en cuenta las condiciones laborales mínimas para garantizar la salud laboral y un adecuado acceso a la justicia, tanto en el ámbito físico como funcional”.

Por otra parte, desde la AJB Dolores, cuestionan la decisión del máximo Tribunal en cuanto a que los despachos de las y los funcionarios que se incorporan se ubiquen en el espacio lindero a la mesa de entradas, afirmando que éste “no cumple con los requisitos que las normas seguridad e higiene establecen para la habilitación y el funcionamiento de cualquier dependencia”.

Al respecto, cabe recordar que la Legislatura provincial mediante la ley 13.795 declaró en diciembre de 2007 la emergencia edilicia del Poder Judicial, declaración prorrogada anualmente por ley hasta el 2014. La emergencia edilicia no sólo persiste en la actualidad, sino que se ha producido un incremento exponencial de la problemática por la decisión de los sucesivos gobiernos provinciales de reducir el presupuesto para obras de infraestructura, como así también por la decisión de la Suprema Corte de no incluir en el presupuesto –desde 2017- las partidas necesarias para la incorporación de personal.

En el caso particular de Dolores, la decisión del gobierno provincial de no ejecutar el 85% del presupuesto destinado a nuevas construcciones, provocó la suspensión a principios de este año de la obra de la Ciudad Judicial, que se encontraba casi finalizada, provocando situaciones como las descriptas, que no sólo traen como consecuencia que las y los trabajadores judiciales deban desempeñar sus tareas en lugares inapropiados, sino que también implican en otros casos una alta erogación en pago de alquileres, que podría evitarse con la finalización de la obra mencionada.

Fuente: ajb.org.ar

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