Gobierno apabulla con telegramas, llamados intimidatorios y trámites imposibles de cumplir a personas con discapacidad
El miércoles 27 de febrero la CTA Autónoma Bonaerense protagonizó una jornada de lucha por los derechos de las personas con discapacidad. La actividad se dio en el marco de nueva embestida del gobierno nacional, cuyo único objetivo, denunciaron es el aniquilamiento de la Previsión Social. La CTA Autónoma Bonaerense exigió el cumplimiento del Cupo Laboral, capacitaciones, y el cumplimiento de las prestaciones sociales y de salud.
Desde ATE – Pensiones denuncian que “el gobierno sigue poniendo trabas, negando el acceso, dejando a corto plazo a miles de personas con discapacidad sin el derecho de una pensión”. “Hay más de 180.000 expedientes archivados y demorados por más de 2 años esperando una respuesta”, manifestaron.
“Lamentablemente somos espectadores desde hace más de 3 años de la quita de derechos: Suspensión y baja de beneficios, miles y miles de trámites paralizados en las distintas áreas del organismo y el reciente cierre de decenas de centros de atención de pensiones, que facilitaban el acceso en las distintas localidades a lo largo de todo el país”.
“Sobre todo por la nueva resolución del CMO que implica que las personas que quieran tener las pensiones tengan que hacer primero un trámite en Anses y después en la Agencia. Es decir que, en vez de simplificar las cosas, a la gente se la están complicando cada vez más», explicó María Eugenia Vega, secretaria adjunta de ATE del área de pensiones de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Nancy Alarcón, Secretaria del Área de Personas con Discapacidad comentó que «es importante seguir acompañando y sumar más fuerza en la defensa de un colectivo doblemente vulnerado; primero por la condición de discapacidad que hace ya de por si una desventaja,en la vida diaria, teniendo que sobrellevar obstáculos, certificado médico digital. Dicho trámite es obligatorio e imposible de realizar porque los hospitales públicos no están notificados, y además inmersos en una profunda crisis en las que no siquiera pueden cubrir los insumos básicos como gasas. Los hospitales se caen a pedazos y no están en condiciones de recibir y vehiculizar la demanda en los 60 días que dispone el gobierno. Las personas con discapacidad están recibiendo telegramas donde se les dice que tienen 60 días para realizar ese trámite y asustando a la gente, intimidando con que le van a dar de baja la pensión.»
En este sentido, desde el Colegio de Trabajadores Sociales denunciaron que «no existe personal formado ni la intención de capacitarlo. Las localidades pequeñas en muchas oportunidades no poseen conexión a internet, y este requisito es excluyente para realizar los trámites»
